Gobernador del Magdalena fue grabado en aparente estado de alicoramiento: a duras penas podía mantenerse en pie

Aún con su imagen manchada por el último escándalo de corrupción en el que ha estado involucrado, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, es protagonista de una nueva polémica, aunque esta vez por cuenta del alcohol.

Y es que desde el segundo fin de semana de julio ha estado circulando en redes un video en el que el mandatario estaría ebrio, a tal punto que apenas logra sostenerse en pie.

Mientras un combo vallenato entona Duerme conmigo esta noche, del Cacique de La Junta e Iván Zuleta, el mandatario –de gafas y camisa polo blanca– se tambalea en el escenario.

A su alrededor, otras personas celebran e intentan apartarlo del espectáculo, pero Caicedo insiste en quedarse al lado de los músicos.

“Inaceptable que una vez más tengamos que ver al gobernador Caicedo fuera de sus cabales. El esparcimiento es una cosa y su trabajo social es otra, pero aquí vemos a una persona desposeída, dominada por el alcohol. Entonces la pregunta obligada es: cómo una persona que no se controla así mismo cuando consume alcohol puede gobernar bien”, opinó la tuitera Vanessa Bermúdez, en conversaciones con Blu Radio.

Sin embargo, y aunque el mandatario no ha ofrecido declaraciones, miembros de su partido Fuerza ciudadana, además de contratistas de la Alcaldía de Santa Marta y de la Gobernación salieron en su defensa, argumentan el gobernador está en todo su derecho de disfrutar momentos de esparcimiento, sin temor a ser criticado.

Caicedo se ha salvado tres veces de ser enviado a prisión domiciliaria

El Tribunal Superior de Bogotá y el magistrado John Jairo Ortiz negaron la medida de prisión domiciliaria solicitada por el fiscal delegado ante la Corte Suprema para el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravado, que habría cometido durante su paso por la Alcaldía de Santa Marta, entre el 2012 y el 2015.

La decisión del magistrado fue anunciada en la audiencia del 6 de junio, y se suma a otros dos veredictos que, en el pasado, han beneficiado a Caicedo.

La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la ejecución de tres contratos: la construcción del Coliseo de Gaira, de los Centros de Desarrollos Infantiles (CDI) de Ciudad Equidad y la Megabiblioteca.

En concreto, al exalcalde y, ahora gobernador del departamento, lo acusan de haber firmado un contrato por 6.964 millones, de manera irregular, para la construcción de dos CDI y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda. Obras, en las que llegaron a registrarse sobrecostos de hasta 979 millones.

Para el magistrado Ortiz, el material probatorio presentado por la Fiscalía y la solicitud de ordenar la detención domiciliaria fundada en el riesgo de reincidencia “requiere un acopio suficiente por la entidad, no por datos empíricos o intuiciones del fiscal”. Además, advirtió que esta petición debe estar “rigurosamente motivada en estricta correspondencia con el material probatorio aportado”, que a juicio del magistrado Ortiz, “en este caso y momento no es posible predicar”.

“En conclusión, determinado como está por la Corte Constitucional, que las medidas de aseguramiento restrictivas de la libertad y otros derechos son ajustados a la norma fundamental, siempre que se traten de medidas a prevención, evidentemente su solicitud requiere suficiente demostración y su imposición, en armonía con los fines constitucionales de las medidas, debe estar rigurosamente motivada en estricta correspondencia con el material de prueba aportado. Lo que en este caso y momento no es posible predicar. En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado con función de control de garantías resuelve abstenerse de imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia solicitada por el señor fiscal décimo delegado ante Corte Suprema de Justicia, al señor Carlos Eduardo Caicedo Omar”.

Pero, el fiscal que lleva el caso insistió en que, en las pesquisas, logró identificarse una “inconsistencia sustancial que afectó toda la cadena de inversión, toda vez que esta no era compatible con una biblioteca escolar, sino con una biblioteca pública estatal y, por tanto, no debía estar articulado como forzosamente se hizo con el sector educativo sino con el de cultura”.