Durante una auditoría financiera, la Contraloría General de la República encontró un presunto detrimento patrimonial por $2.934 millones relacionado con un contrato interadministrativo 96 de 2018. El contrato comprometía a la universidad a realizar pruebas psicotécnicas, de conocimientos, competencias y aptitudes para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, en colaboración con el Consejo Superior de la Judicatura.
La prueba mencionada se desarrolló el domingo 2 de diciembre de 2018, pero fue desestimada por errores técnicos atribuibles a la dirección del proyecto por parte de la Universidad Nacional. Fue así como la universidad tuvo que llevar a cabo una nueva prueba utilizando recursos propios, lo que ha generado, de acuerdo con la Contraloría, un detrimento al patrimonio público por $2.934.309.706.
Conforme a los hallazgos de la auditoría realizada por la Contraloría Delegada para el Sector de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, se han identificado un total de 6 hallazgos administrativos, de los cuales 2 podrían tener implicaciones disciplinarias, 1 podría requerir una solicitud de indagación preliminar y 1 tiene implicaciones fiscales.
Detalles del convenido pactado
El jueves 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) inició un proceso de selección para ocupar cargos de funcionarios de la Rama Judicial. Tras las inscripciones, se llevaron a cabo pruebas de aptitudes, conocimientos y psicotécnicas el domingo 2 de diciembre de 2018.
El 28 de diciembre de 2018, la Unidad Administrativa de Carrera Judicial (UACJ) del CSJ dio a conocer los resultados finales obtenidos por los aspirantes en las pruebas de aptitudes y conocimientos a través de la Resolución CJR18-559.
Luego la Universidad Nacional verificó que “en el proceso de ensamblaje y diagramación final de los cuadernillos se modificó el orden de las preguntas de la prueba de aptitudes, sin que se hubieren actualizado las claves en el procedimiento de calificación, cuestión que produjo imprecisión en la evaluación de los examinados”.
Con este panorama, mediante la Resolución CJR19-0679, la Unidad Administrativa de Carrera Judicial (UACJ) decidió corregir la actuación administrativa, incluyendo la calificación de las pruebas de aptitudes y conocimientos.
Finalmente, el domingo 24 de julio de 2022 se realizó una nueva aplicación de las pruebas escritas de aptitudes y competencias básicas, financiada con recursos propios de la Universidad Nacional. Hasta la fecha, los cargos en la Rama Judicial no han podido ser ocupados de manera definitiva.
Repetición del examen de jueces y magistrados
El 29 de octubre de 2020 el Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia informaron que las pruebas realizadas como parte de la convocatoria No. 27 de 2018, para el acceso a unas vacantes en la rama judicial, debía repetirse en el 2021, debido a que se detectaron algunas inconsistencias en su aplicación.
En el proceso de ensamblaje y diagramación final de los cuadernillos fue necesario modificar el orden de las preguntas de la prueba de aptitudes, razón por la cual se volvió a calificar la prueba, lo que generó que los resultados cambiaran sustancialmente para algunos candidatos.
Mediante un comunicado, el Consejo Superior afirmó que todos los aspirantes deberán volver a presentar la prueba, independientemente si aprobaron o no la anterior. Para la fecha, la Universidad Nacional aseguró que asumiría la totalidad de los costos, ya que los errores se presentaron durante la estructuración del examen. 1.300 aspirantes participaron en la primera versión.
“Durante el desarrollo de la convocatoria 27, de agosto de 2018, se han advertido inconsistencias de diversa índole, que han afectado la calificación de pruebas de aptitudes y conocimientos generales y específicos, lo que ha generado un conjunto de peticiones, quejas, reclamos y acciones judiciales”, decía texto compartido en la cuenta de Twitter del ente jurídico. Además se informó que hasta el 28 de octubre del 2020 estaba habilitado el espacio para resolver reclamos.
La rama tenía vacantes en cargos de jueces y magistrados; en las ramas penal, civil, comercial, administrativa y disciplinaria, por eso las pruebas calificaron conocimientos generales, específicos y psicotécnicos. Luego de la presentación de los exámenes el 24 de septiembre de 2021, se debía notificar quienes eran admitidos en los cargos.
En un primer momento 45.000 abogados se inscribieron a la convocatoria. Según el portal Asuntos Legales, el número de jueces por cada 100.000 habitantes en Colombia fue de 11, hasta 2018, cuando la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) exige que sean 65.
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