En la tarde del martes 4 de julio, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a declarar al coronel retirado del Ejército Mauricio Ortiz González, antiguo comandante de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (Afeur) en Neiva por su presunta participación en la comisión de ‘falsos positivos’ en Huila.
En junio, la Sala de Definición aceptó el sometimiento del exalto mando militar por su presunta participación en el asesinato de dos civiles que posteriormente fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate. Según el expediente, soldados que estaban bajo su mando fueron quienes perpetraron esos crímenes.
Si bien el coronel (r) negó su responsabilidad en este hecho, la Fiscalía General de la Nación evidenció en las pesquisas adelantadas que los cuerpos de las víctimas tenían heridas producto de golpes. Previo a este dictamen, los militares implicados habían mencionado que no solo hubo contacto armado con ellos a corta distancia.
En ese sentido, el despacho a cargo del magistrado Alejandro Ramelli citó a Ortiz González a declarar el jueves 13 de julio en el edificio de la JEP en Bogotá. De acuerdo con este llamado, el compareciente tendrá que asistir a las instalaciones en compañía de su abogado para ahondar en la operación que también fue mencionada por otro militar ante el tribunal.
El soldado profesional Wilfredo Villamizar Bautista, aceptado en esta jurisdicción tras haber cometido un ‘falso positivo’ en compañía de otros dos integrantes del Ejército el primero de febrero de 2008 en la vereda Potrerito del municipio Íquira (Huila). Ese día, los uniformados adscritos al tercer destacamento de la Afeur con sede en Neiva asesinaron a un hombre con discapacidad física y lo exhibieron como guerrillero abatido en un operativo.
En una de sus comparecencias, Villamizar mencionó el nombre de Ortiz González como cómplice de una de esas operaciones ilegales. Sumado a esto, la magistratura enfatizó en que el doble homicidio por el que fue citado ocurrió en 2005, pero que aún no hay testimonios a profundidad sobre ese caso y la aparente responsabilidad del coronel retirado.
Por ello, también detalló que en la audiencia programada la Sala pedirá aportes concretos a la verdad sobre hechos en los que se produjeron muertes ilegítimas y presentadas como bajas operacionales sobre las cuales tiene conocimiento o pudo estar involucrado.
Sobre estas conductas abordadas en el macrocaso 03 de la JEP —asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado— la Procuraduría solicitó a la instancia de justicia transicional poner el expediente del general (r) Mario Montoya a disposición de las víctimas.
Dicha petición fue hecha durante la audiencia de reconocimiento de la verdad por hechos perpetrados en Dabeiba (Antioquia). Allí, el Ministerio Público indicó que los testimonios de los integrantes de la IV Brigada implicados en esos crímenes extrajudiciales deben estar en poder de familiares de los civiles asesinados e inhumados en el cementerio municipal Las Mercedes.
Para el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizábal, “es indispensable que las versiones voluntarias de interés para los acreditados en el subcaso Dabeiba como quizás lo sea la del señor Montoya Uribe, sean puestas a disposición de las víctimas”.
De igual manera, sugirió que al momento de evaluar la determinación de los hechos y conductas, esas declaraciones hagan parte del subcaso Dabeiba “para conocer un contexto operacional y macrocriminal mucho más completo”.
El funcionario delegado ante la JEP también recordó a los militares comparecientes que el régimen de condicionalidad que les permite permanecer y acogerse a los tratamientos especiales de la justicia espera de ellos un nivel muy alto de compromisos con las víctimas y la sociedad. Por ello, calificó como “esperanzador” el cambio de actitud que han demostrado, abandonando la lógica de negacionismo, del ocultamiento, por la de presentarse y asumir su responsabilidad.
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