
La Contraloría General de la República ha completado el documento final que archiva la indagación preliminar relacionada con presuntas irregularidades en la compraventa de acciones de Triple A, empresa que celebró un contrato con la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Este importante documento, titulado Auto No. 0948 “Por medio del cual se profiere cierre y se ordena el archivo de la indagación preliminar”, fue preparado y está disponible desde el 15 de junio. Su contenido establece claramente la resolución de cerrar la investigación preliminar y archivar el caso.
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Cabe mencionar que, en febrero, gracias a las acciones emprendidas por la Procuraduría General de la Nación, se logró alcanzar un acuerdo con el objetivo de evitar cualquier detrimento patrimonial. En ese momento, se acordó, en colaboración con la SAE y la Alcaldía de Barranquilla, la entrega inmediata de las acciones que estaban en posesión de entidades públicas. Se consideró inicialmente a EPM como la entidad encargada de dicha transferencia.
La finalización de esta investigación y la posterior archivación del caso son pasos significativos hacia la resolución de las supuestas irregularidades en la compraventa de acciones de Triple A. El documento elaborado por la Contraloría General de la República establece una conclusión clara y proporciona una base sólida para futuras acciones legales o administrativas relacionadas con este asunto.
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SAE firmó acuerdo para entregar acciones de Triple A
Con el fin de llegar a un acuerdo para hallar una salida viable al problema de la comercialización de las acciones de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Triple A, de Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación programó una mesa de trabajo, para el 16 de febrero de 2023, en la que estuvieron presentes el alcalde de la capital de Atlántico y miembros de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.
En la reunión, que se llevó a cabo en la capital de Colombia, se confirmó que la SAE firmó un acuerdo para entregar el paquete accionario correspondiente al 82,16% del valor total de la compañía.
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“Como uno de los grandes puntos de conclusión, los negociadores acordaron que la entrega de las acciones sea inmediata y que la gran mayoría del paquete accionario quede en manos de entidades públicas, que podría ser EPM”, indicó la Procuraduría en un comunicado oficial.
Esta mesa de trabajo estuvo liderada por el procurador delegado, Luis Ramiro Escandón, que citó al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo; la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora; el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, y varios representantes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
“Las acciones se entregarán de manera inmediata y se hicieron evaluaciones sobre cómo quedarían las obligaciones económicas”, dijo por su parte Luis Ramiro Escandón, delegado especial del Ministerio Público.
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En la reunión, que comenzó en la mañana del 16 de febrero de 2023 en la sede del Ministerio Público, los representantes de cada entidad expusieron sus argumentos para determinar el futuro de las acciones en venta de la empresa Triple A.
Al finalizar esta mesa de diálogo, el representante de la Procuraduría señaló que el propósito de esta cita era evitar un mayor detrimento patrimonial en caso de hacer uso de la cláusula penal que tiene el contrato, que se fijó por 59.000 millones de pesos.
El Distrito de Barranquilla inició el proceso de compra de las acciones de la compañía con el objetivo de evitar una mayor pérdida en el valor de la empresa, y a su vez, recuperar las acciones que se perdieron en administraciones anteriores. Sin embargo, las acciones de esta compañía pasaron a ser propiedad de la SAE temporalmente.
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El Estado colombiano confirmó que por condiciones legales, K-yena, empresa que también es propiedad de la Alcaldía de Barranquilla, estableció que la única forma de recuperar las acciones de Triple A era por medio de una operación de compraventa.
El Distrito de la capital de Atlántico asumió el compromiso económico para recuperar estas acciones, pero antes se contrató a una firma que valorara el precio del paquete accionario, cifra que alcanzó los 565.000 millones.
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