El 28 de junio las autoridades navales colombianas interceptaron una embarcación, a 28 kilómetros al sur de San Andrés, en que navegaban 19 personas migrantes. De estas, doce eran venezolanas, cinco chinas y dos colombianas, también había tres menores de edad y un adulto mayor.
Todos fueron trasladados a la Institución Naval y entregados a Migración Colombia. Las dos personas que movilizaban a los migrantes fueron puestas a disposición de funcionarios de Policía Judicial. Uno de estos tenía antecedentes por tráfico de migrantes.
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La embarcación, de matrícula colombiana y registrada con el nombre Miss Da Da y en la que se movilizaban los 19 migrantes, llamó la atención de los guardacostas, que la interceptaron y descubrieron, además de las personas, que no contaba con las condiciones mínimas de seguridad ni cumplía la normativa marítima vigente.
Uno de los dos tripulantes de la motonave es oriundo de San Andrés, mientras que el otro, según comprobaron las autoridades, es reincidente en el delito de tráfico de migrantes.
El comandante del Comando Específico de San Andrés, el capitán de navío Carlos Eduardo Solano Prada, señaló que con este rescate, ya van “159 migrantes, a quienes se le ha salvaguardado la vida humana en el mar durante lo corrido del año en aguas del departamento archipiélago”.
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Es importante recordar que la Procuraduría General de la Nación, en abril de 2023, emitió una alerta por la crisis humanitaria que presenta el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por el dramático aumento de la migración ilegal. También pidió a las autoridades locales, departamentales, nacionales e incluso a las aerolíneas, que refuercen sus controles para evitar que ciudadanos de diferentes nacionalidades del mundo sean víctimas de redes de tráfico de personas.
Según los datos de la Procuraduría en su alerta de abril de 2023, desde junio de 2022, la Armada Nacional ha rescatado 804 migrantes irregulares de distintas nacionalidades en mar abierto, intentando llegar a Centroamérica. El procurador para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, advirtió entonces que, con corte a abril, se ha registrado un aumento en los casos de interdicción de embarcaciones y rescate de migrantes irregulares en las aguas del archipiélago, realizados por la Armada Nacional.
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Fiscalía desarticuló una red de tráfico de migrantes
El 20 de junio, en un operativo conjunto con la Dijín de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación desarticuló una red criminal dedicada al tráfico de migrantes, conocida como Caravana. Los operativos se dieron en forma simultánea en Pasto (Nariño), Popayán (Cauca), Medellín (Antioquia) y San Andrés Islas, y fueron capturados 11 de los integrantes de esta estructura.
Esta red de tráfico de migrantes estaba liderada por un clan familiar, y entre los capturados están Anderson Giraldo Pérez, su hermano Jhon Freidel Espinal Pérez y su madre, Alba Luz Espinal Pérez, que según unos audios recabados en el curso de la investigación, impartían instrucciones a transportadores y otros posibles cómplices, o enviaban mensajes para brindar confianza a los migrantes sobre la seguridad y éxito de los traslados.
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Otro de los detenidos es Víctor Hugo Hooker Martínez, inspector de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE), que presuntamente facilitaba la entrada irregular de ciudadanos extranjeros a San Andrés e impedía que ingresaran otros migrantes que no eran enviados por los integrantes de Caravana.
El modus operandi
Según pudo establecer la Fiscalía, esta red de tráfico de migrantes vinculaba a migrantes que permanecían o ingresaban de manera irregular al país, y les ofrecían paquetes con transporte, hospedaje, alimentación, tiquetes aéreos, documentación falsa y traslado por vía marítima a Panamá y Nicaragua. Todo esto a través de redes sociales y grupos cerrados de WhatsApp.
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Entre las rutas que ofrecían estaban:
- Ipiales – Popayán – Cali – Buenaventura – Panamá.
- Ipiales – Medellín – Necoclí – Panamá.
- Ipiales – Medellín – San Andrés Islas – Nicaragua.
La Fiscalía también pudo determinar que el transporte terrestre se hacía en taxis y vehículos particulares, cuyos conductores harían parte de la organización. Así como que los extranjeros que pagaban para salir por San Andrés eran alojados durante algunos días en apartamentos ubicados en el Valle de Aburrá, y llevados al aeropuerto de Rionegro (Antioquia) para volar con destino al archipiélago, donde ingresaban con documentos falsos y la aparente ayuda de un funcionario de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE).
De acuerdo con la investigación, los Caravana habría movido de manera irregular ciudadanos venezolanos, cubanos, haitianos, ecuatorianos, asiáticos y africanos, desde diciembre de 2021 hasta mayo del año en curso.
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La caída de un clan familiar
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó los señalados integrantes de la red ilegal, según su participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. Los cargos no fueron aceptados.
Por disposición de un juez de control de garantías, Anderson Giraldo Pérez y su hermano Jhon Freidel Espinal Pérez deberán cumplir media de aseguramiento en centro carcelario. Alba Luz Espinal Pérez, el funcionario de la OCCRE y otros dos procesados deberán cumplir detención en su lugar de residencia. Los demás seguirán vinculados a la investigación.
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