
La prórroga de la ley de orden público que tramitó el Gobierno nacional y que es la base de política de paz total tambalea por una ponencia en la Corte Constitucional que podría tumbarla. Acercamientos con disidencias, Clan del Golfo y bandas criminales quedarían en riesgo de ser declarada inconstitucional.
La ley 418 existe desde 1997, conocida como la norma de orden público que le dio las facultades al Gobierno para negociar la paz con los grupos armados siempre que se reconozca su carácter político, como en el caso del ELN.
Bajo la propuesta de paz total de Gustavo Petro se prorrogó esa normativa para adicionarle un nuevo proceso de acercamiento, pero esta vez con otras estructuras, como bandas criminales, con el fin de llevarlas al sometimiento a la justicia.
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Con la prórroga aprobada, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz inició en firme a definir los acercamientos con bandas en diferentes lugares del país, como Medellín, donde el 2 de junio se instaló una mesa de diálogos para buscar la desarticulación de varias bandas, como La Oficina, Los Pachelly, entre otras. Así mismo se hizo en Buenaventura, donde han tratado de llevar a un proceso a Los Shottas y Los Espartanos, y en Quibdó.
En la lista también se cuentan grupos como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que no tendrían reconocimiento político, pero podrían entrar a procesos de diálogo para su sometimiento a la justicia. Son una veintena de procesos que, como señaló el representante Alirio Uribe a W Radio, quedarían en riesgo si se cae la prórroga de la paz total.
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Estas mesas quedarían sin el sustento jurídico para adelantarse, entre otras cosas, porque el Gobierno perdería la facultad para nombrar delegados para el acercamiento con los grupos armados de crimen de alto impacto y perderían su protección legal.
“Si llegan a tumbar la ley, yo creería que no, pero si la llegan a tumbar, queda todo lo que estamos haciendo en el Estado colombiano en los temas de ‘Paz Total’ sin sustento jurídico. Incluso, la seguridad jurídica de los miembros negociadores se vería en cuestión, sería muy delicado”, sostuvo a Caracol Radio el senador Ariel Ávila, quien fue ponente de la prórroga.
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Otro punto calve son los cese al fuego bilaterales que ha firmado el Gobierno nacional, de los cuales hay tres vigentes: con la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Estado Mayor Central, que se levantó parcialmente. Así mismo, el que se anunció para el 3 de agosto con el ELN.
Aunque Ávila considera que podrían buscarse mecanismos en otras leyes y las facultades del presidente para buscar la paz con el fin de sostener las mesas de diálogo y los ceses al fuego con los grupos armados, las dudas del sustento jurídico podrían afectar gravemente las mesas. Por ejemplo, porque las suspensiones de órdenes de captura contra algunos negociadores, facilitadores o miembros de la primera línea quedarían sin la base legal.
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La norma que está en discusión en la Corte Constitucional también creó el servicio social para la paz, una alternativa para quienes presten el servicio militar obligatorio, que les permite a los jóvenes tener una opción en modalidades de ayudas educativas en los territorios, preservación ambiental, implementación del acuerdo de paz, entre otras.
La ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez asegura que la ley tiene vicios de procedimiento. Según Ávila, estos consisten en que, primero, se habrían incluido artículos al final de debate cuando se aprobó, que según el senador no ocurrió; el segundo, alega que no se solicitó concepto del Consejo de Política Criminal, pero no sería vinculante para el Congreso.
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Tanto el Gobierno nacional como los congresistas están a la expectativa de la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional que debe votar la ponencia. Si es aprobada, reiniciarán rápidamente el trámite de una nueva prórroga en el Congreso que podría estar aprobada para octubre.
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