El 23 de junio, durante el Foro Farmacéutico de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el exministro de Salud Augusto Galán, en representación del Pacto Nacional por un mejor sistema de salud conformado por pacientes, usuarios, trabajadores y actores del sector salud, leyó una nueva carta que le enviaron al presidente Gustavo Petro. En esta le hacen un llamado al Gobierno para construir una reforma a la salud sostenible e incluyente y aprovechar el receso legislativo para lograr consensos.
En la misiva insisten en la necesidad de construir entre todos una reforma a la salud que signifique un avance frente a lo que existe actualmente y que ofrezca el mejor servicio al que tienen derecho los 50 millones de colombianos que hoy hacen parte del aseguramiento en salud. Los firmantes del pacto también reconocen la necesidad de establecer mejoras basadas en la evidencia científica, en la información transparente y en la participación real y efectiva de todas las personas, sin poner en riesgo la vida de los colombianos.
También advierten que es necesario seguir administrando de manera eficiente el sistema y disponer de los recursos necesarios para atender a las necesidades de salud de la población, lo que implica adicionar recursos al sector. Así mismo le piden al presidente aprovechar el receso legislativo para reconstruir el proyecto de reforma de forma consensuada con todos los sectores:
Esta no es la primera carta para Petro
El pacto nacional está conformado por 62 asociaciones, federaciones y gremios de pacientes, de usuarios, de trabajadores, de académicos, así como exministros y exviceministros de Salud y de Hacienda, que el 15 de mayo ya le habían enviado una carta al presidente Petro con sus preocupaciones por la reforma a la salud.
En mayo, advertían que no es claro que la reforma a la salud presentada por el Gobierno nacional contribuya al progreso en el derecho fundamental y más bien pone en riesgo los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho, entre ellos, la libertad de escogencia de los ciudadanos del asegurador y prestador y amenaza los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad que establece la Constitución Política.
Además, dieron a conocer 14 puntos que señalan como preocupantes.
Otro es que dispersa funciones de agenciamiento y gestión integral de riesgos en diversos agentes públicos, lo cual crea confusión en los roles y las responsabilidades frente a los pacientes y el sistema.
Además, que no garantiza la sostenibilidad financiera del sistema y, por el contrario, rompe la protección financiera que para el Estado significa la unidad de pago por capitación (UPC).
A su vez, que desincentiva la participación privada en la prestación de los servicios, desconoce los esfuerzos en calidad, avance tecnológico, formación del talento humano en salud e inversión, que ubican a Colombia en un lugar destacado de oferta hospitalaria de excelencia.
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