Ordenan concluir la represa del río Ranchería en La Guajira, tras más de 15 años de haber iniciado su construcción

El Consejo de Estado ratificó una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira en la cual se le exige al Gobierno nacional concluir el proyecto

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La represa del río Ranchería
La represa del río Ranchería en La Guajira quedó inconclusa en 2010 y ahora, varias autoridades nacionales y departamentales deberán encargarse de su finalización. Cortesía: Procuraduría General de la Nación.

El Consejo de Estado confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira en la que se ordena al Gobierno nacional terminar la represa del río Ranchería. El fallo del Tribunal se dio en respuesta a una acción popular que fue interpuesta por la Procuraduría General de la Nación (PGN) ante el incumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental.

El Ministerio Público también alegó que se estaba vulnerando el equilibrio ecológico, el aprovechamiento de los recursos naturales y el acceso a servicios que garanticen la salubridad pública y el agua potable para el consumo de los pobladores de nueve municipios del departamento. Dichos municipios son San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Maicao, Manaure y Uribia.

El fallo del Tribunal Administrativo ordena entonces que se establezca una mesa técnica para adelantar las acciones necesarias que lleven a la conclusión del proyecto, que es considerado uno de los grandes elefantes blancos del país. Se pide a las autoridades incluidas en la ‘Hoja de Ruta para la Terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería’ que conformen dicha mesa técnica.

Serán el Departamento Nacional de Planeación; la Gobernación de La Guajira; la Corporación Autónoma Regional de La Guajira y los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Ciudad y Territorio, Minas y Energía y del Interior, quienes lleven a cabo las gestiones interinstitucionales que fueron proyectas en la Hoja de Ruta, la cual fue diseñada por la Agencia De Desarrollo Rural.

Además, el Consejo de Estado ordenó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) coordinarse con las autoridades mencionadas y demás competentes, para incluir el proyecto del Acueducto Regional o Subregional en la Alianza por el Agua y la Vida. Esto, con el fin de priorizar la conexión de acueductos a la presa El Cercado, que hace parte de la primera fase del proyecto del río Ranchería.

Más de 15 años del elefante blanco

El proyecto se plasmó sobre el papel en 2001, cuando se celebraron los contratos para la construcción de la represa. En 2005 iniciaron las obras, pero en 2010 se detuvieron. Desde entonces están inconclusas. El costo de la iniciativa fue de más de $650 mil millones.

Después de que se comenzaran las obras se presentaron varias emergencias ambientales en la zona. La primera estuvo relacionada con la contaminación del agua por productos químicos, lo que generó la muerte de miles de peces. Según Semana, la emergencia fue ocasionada por la Unión Temporal La Guajira (UTG), encargada de la construcción de la represa, al no acatar las recomendaciones que se establecen en el Plan de Manejo Ambiental.

Luego, en 2010, varias comunidades indígenas se vieron afectadas por una inundación causada por el fenómeno de La Niña, que provocó la creciente del río Ranchería. Se esperaba que el embalse del proyecto se llenara en dos años, pero eso pasó en cuatro meses como consecuencia del fenómeno y, por ende, muchas familias asentadas en Caracolí, Piñón y Piñoncito se vieron perjudicadas.

Lo único que se logró construir fue la presa ‘El Cercado’, que estaba contemplada en la primera fase del proyecto. De acuerdo con el medio citado, la obra se llevó a cabo entre el 10 de enero de 2006 y el 30 de noviembre de 2010.

De acuerdo con Semana, en 2017, la Contraloría General de la República identificó irregularidades en 43 hallazgos administrativos, pues 18 tienen una presunta connotación disciplinaria y cuatro presentan un presunto alcance fiscal por $934.5 millones.

Por ahora, la única función que cumple la obra es regular el caudal del río Ranchería, pues no surte de agua los acueductos para garantizar el acceso a agua potable a los habitantes de los municipios. Además, no se han construido distritos de riegos ni una central hidroeléctrica, según informó El Tiempo.

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