
Luego de que la Corte declarara inconstitucional la exigencia de 1.300 semanas de cotización para que las mujeres obtengan la pensión de vejez, algunas organizaciones advierten sobre las implicaciones económicas y fiscales que pueden surgir como resultado de esta medida.
Así lo hizo el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que señala que aunque la decisión de la Corte Constitucional se basa en buenas intenciones y busca corregir inequidades sociales debido a que se les exigía a las mujeres cumplir con el mismo número de semanas de cotización que los hombres, a pesar de que su participación en el mercado laboral es menor, debido a las responsabilidades de cuidado y tienen menos tiempo disponible para cotizar, la sentencia genera un aumento en el gasto fiscal a través de cinco mecanismos diferentes:
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- Se incrementará la cobertura del número de mujeres que lograrán pensionarse gracias a este cambio. Anteriormente, una mujer que alcanzara las 1.000 semanas a los 57 años no podía acceder a una pensión. Sin embargo, con la nueva sentencia, será posible. Esto significa que más mujeres serán beneficiadas con una pensión. No obstante, implica también un mayor desembolso de recursos para cubrir las pensiones de las mujeres que sin la sentencia no hubiesen logrado obtener una pensión.
- Otro mecanismo que contribuye al aumento del costo fiscal consiste en los seis años de cotizaciones que algunas mujeres ya no tendrán que realizar para cumplir con el requisito de semana para obtener una pensión. Al tener la posibilidad de acceder a la pensión a una edad más temprana, estas mujeres dejarán de cotizar al sistema durante esos seis años. Como resultado, el sistema perderá un ingreso que antes se generaba a través de estas cotizaciones.
- Paralelamente, las mujeres que cotizarán seis años menos obtendrán una pensión durante seis años más. Esto implica un mayor gasto fiscal, ya que se extiende el período de tiempo en el cual se otorga el beneficio pensional.
- Otro de los aspectos que incrementa el costo de este cambio es el pago de pensiones para las mujeres que, independientemente de la sentencia, van a alcanzar 1.300 semanas de cotización. Esto se debe a que, por cada 50 semanas adicionales cotizadas, la tasa de reemplazo aumenta en 1.5 puntos porcentuales. En consecuencia, estas mujeres recibirán un subsidio de 6% adicional sobre su ingreso base de liquidación. Peor aún, este perfil de mujeres tiende a tener ingresos más altos. Por lo tanto, parte del costo fiscal representa un subsidio a las mujeres más privilegiadas y no a las más vulnerables.
- Por último, es importante destacar que esta sentencia solo afecta al régimen de prima media (RPM), lo que lo vuelve mucho más atractivo en comparación con su contraparte, el régimen de ahorro individual con solidaridad (Rais). La reducción de las semanas requeridas para obtener la pensión genera incentivos para que un gran número de mujeres se trasladen del Rais al RPM. Dado que las pensiones del RPM cuentan con un subsidio a cargo del Estado, la avalancha de traslados del RAIS al RPM representará un mayor pasivo pensional.
Luego, el observatorio deja algunas inquietudes adicionales. “Más allá del costo fiscal, es también importante preguntarse si esta sentencia beneficia realmente a las mujeres que más lo necesitan. A los 55 años, más de la mitad de las mujeres no alcanza a acumular más de 500 semanas, según datos de Asofondos. Ninguna de ellas verá beneficio alguno. En contraste, las mujeres con 1300 semanas acumuladas, quienes han tenido la suerte de tener empleos más estables y mejor remunerados, recibirán un generoso subsidio adicional por parte del Estado”.
Por último, deja las siguientes preguntas: ¿Es la reducción de las semanas de cotización la mejor opción para mejorar el bienestar de las mujeres? ¿Es posible aprovechar la coyuntura de las reformas actuales para abordar de manera más integral esta inequidad?
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