
El proyecto de adición presupuestal por $16,9 billones del Gobierno nacional ya tuvo la aprobación de las Comisiones Económicas del Congreso de la República. El texto discutido tuvo algunas modificaciones en el segundo numeral. Es de anotar que quedaron 29 constancias para segundo debate de la iniciativa.
Con esto, el Gobierno busca que el Presupuesto General de la Nación para 2023 no sean $405,6 billones, sino $422,5 billones, cifra 4,2% superior al monto aprobado en la Ley 2276 de 2022 ($405,6 billones).
En total, se adicionan gastos para inversión ($9,1 billones) funcionamiento ($7,3 billones) y servicio de la deuda ($500.000), cuyas fuentes de financiación llegarían, principalmente, de los recaudos resultantes de la reforma tributaria (Ley 2277 de 2022) y de excedentes financieros de Ecopetrol.
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Durante la discusión, varios congresistas cuestionaron la necesidad de aprobar nuevos recursos, ya que hay sectores que todavía no ejecutaron los que tienen.
Por ejemplo, el representante a la Cámara Carlos Edward Osorio aseguró que la adición presupuestal tiene como antecedente la lesiva reforma tributaria que se justificó en dos pilares: el ajuste fiscal y la inversión social y económica.
Pese a lo anterior, indicó, de los $16.9 billones que pretenden adicionarse, se destina un 44%, casi la mitad, para gastos de funcionamiento y no para lo que se dijo que se destinaría lo recaudado con la tributaria.
“Es por esto que los recortes sugeridos son justamente en ‘funcionamiento’. Proponer adición de recursos para financiar determinadas políticas públicas supone, necesariamente, recortar en otros sectores, dado que se debe garantizar el equilibrio entre el ingreso y el gasto, pues los $16.9 billones que se adicionan siguen siendo los mismos”, señaló.
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Las afirmaciones de Osorio se hicieron al rechazar el señalamiento que hizo el senador Wilson Arias porque, según este, los congresistas del Centro Democrático pidieron no adicionar $1,3 billones al presupuesto de agricultura y $225.000 millones al presupuesto de educación.
De igual forma, el senador Carlos Meisel cuestionó a Arias por la ambición del Gobierno de querer más plata, si apenas se ejecutó el 18% de la inversión del PGN.
“¿Para qué quieren más plata si del presupuesto actual llevan ejecutados en inversión el 18%? Tengo que decir que eres un mentiroso porque jamás he estado en contra de la educación y la agricultura. Lo que no queremos es que pidan más plata para que sigan volando el helicóptero”, aseveró.
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Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, aseguró que Colombia va bien con recursos que se dirigen a poblaciones más vulnerables y a la reactivación económica en sectores con potencial en generación de empleo y reducción de inflación.
“Celebro que una parte de la asignación en educación se dirige al fortalecimiento de programas estratégicos en las sedes de frontera de la Universidad Nacional, producto de una proposición que radiqué junto con más de 100 representantes”, anotó.

Entre tanto, la representante a la Cámara Sandra Aristizábal Saleg dijo que apoya la iniciativa de la adición presupuestal por 16.9 billones. Sin embargo, hizo un llamado a los ejecutores del Gobierno nacional, toda vez que para abril de 2023 hay entidades con una baja ejecución.
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Según ella, en promedio, esta al mismo corte debería ser de un 33%.
Anotó que nada se saca al aprobar esta adición presupuestal si se es mal ejecutor. Por eso, hizo un llamado para que los ministerios ejecuten bien los recursos y no queden en el aire, ante todo, en importantes proyectos para el beneficio del país.
Educación, el sector más beneficiado
Por sectores, el que recibirá más recursos con la adición presupuestal es el de educación. Este recibirá $2,2 billones, de los cuales en funcionamiento se adicionan recursos por $1,15 billones, de los cuales $1 billón proveniente del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) se dirige al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), con el fin de cubrir las obligaciones pensionales.
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Los restantes $146.000 millones son para la ampliación de cobertura de 80.000 nuevos cupos en las instituciones de educación superior (IES) públicas, mediante la asignación de dos puntos adicionales a la base presupuestal de funcionamiento de las IES Públicas y recursos contingentes para las sedes de frontera de la Universidad Nacional de Colombia.
Para inversión en este sector se adicionan $1,05 billones, de los cuales $550.000 millones están orientados a financiar el plan de espacios educativos como centro de la vida comunitaria y para la construcción, adecuación, adquisición y/o dotación de, aproximadamente, 16 sedes de IES públicas.
A su vez, $100.000 millones son para ampliar cobertura en la política de gratuidad y $150.000 millones de la contribución parafiscal Estampilla proUniversidad con destinación específica, dirigidos al fortalecimiento de las universidades estatales por mayores recaudos acumulados de vigencias anteriores no presupuestados. Para la educación básica se incrementan $250.000 para el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
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Este es el proyecto de adición presupuestal que se discute en el Congreso de la República:
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