Gobierno nacional pondrá la lupa sobre las elecciones regionales en Atlántico

Atlántico es uno de los departamentos más golpeados por la corrupción en épocas electorales por cuenta del uso indebido de recursos públicos para las campañas políticas. Por eso, miembros del Gobierno nacional llegarán a Soledad el próximo 7 de julio en el marco de una audiencia pública y para escuchar todos los frentes anticorrupción del departamento.

El secretario de Transparencia del Gobierno Nacional, Andrés Idarraga, explicó que se les dará participación a todos los entes de control y a los ciudadanos que estén interesados en asistir a la audiencia para que presenten pruebas de hechos relacionados con corrupción y se haga una especial vigilancia sobre hechos que puedan afectar el proceso electoral en Atlántico.

Por otra parte, Idarraga mencionó que también se tratará el tema del manejo de los recursos de salud y del Programa de Alimentación Escolar (PAE) por el gran número de denuncias por malos manejos y hechos de corrupción.

Añadió que “el próximo 7 de julio realizaremos una audiencia pública en Soledad, Atlántico, para escuchar a las víctimas de corrupción en el departamento del Atlántico, hablar del manejo de los recursos públicos, recibir pruebas y liderar esta audiencia”.

Ese día el evento iniciará a las 8:00 de la mañana en un lugar que todavía está por definirse. Posiblemente, participe la procuradora general, Margarita Cabello, y el fiscal general, Francisco Barbosa.

Disidencias de las Farc amenazan a los candidatos de las elecciones regionales

El Estado Mayor Central, la disidencia de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco, amenazaron a los candidatos a las elecciones regionales de octubre de 2023. Esto, a través de un comunicado que circula en redes sociales. En este exponen las medidas que adoptaron luego de que el Gobierno de Gustavo Petro anunciara la ruptura del cese al fuego bilateral con este grupo armado.

En el comunicado advierten que, después de evaluar la decisión del Gobierno nacional de romper el cese al fuego, no asumen “rupturas parciales apresuradas, ni medidas que pasan por encima de lo pactado”, por lo que anunciaron las medidas que tomarán frente a las elecciones regionales de octubre.

En primer lugar, instan a los “partidos políticos, sectores militaristas, dirigentes políticos o congresistas que atizan la guerra” que pretendan desarrollar campañas electorales regionales en “áreas sobre las que tenemos control militar” a que “desistan de ingresar a dichas áreas, no son bienvenidos, serán devueltos de nuestros puntos de control”.

En segundo lugar, piden a los candidatos que rechacen los avales y apoyos de los “partidos tradicionales o guerreristas y candidatos promovidos o apoyados por la doctrina paramilitar”.

OEA expresó preocupación por dinámicas de grupos ilegales en Colombia

En el más reciente informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (Mapp/OEA), no solo le dio un nuevo espaldarazo a la política de Paz Total del Gobierno nacional, sino que reveló un negro panorama sobre el control del Estado en algunas zonas del país y el dominio total de grupos armados ilegales en esos territorios.

En el capítulo Afectaciones a la población civil se menciona el control social e imposición de una justicia de facto por parte de actores armados ilegales a falta de institucionalidad. El informe detalló que el dominio territorial es una de las principales herramientas ejecutadas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo), el ELN y el Estado Mayor Central de las Farc (EMC).

Sobre esta dinámica, el organismo multilateral indicó que los grupos armados ilegales “persisten en la imposición de justicia de facto como la expresión más significativa de este fenómeno, ya que conlleva a la sustitución de las funciones del Estado, y al mismo tiempo, a la ocurrencia de agresiones directas a la vida, libertad, integridad personal y seguridad física de la población”.

Con estas acciones, dichos actores (y la Segunda Marquetalia en menor medida) refuerzan su poder y la capacidad de dominar a grupos poblacionales y sectores económicos concentrados en zonas rurales donde hay poca o nula presencia gubernamental y estatal.