Procuradora respondió acusaciones de que persigue a los miembros del Pacto Histórico: “Esa es la nueva excusa”

Aunque incluso la OEA respaldó los argumentos del partido de Gobierno, la jefe del Ministerio Público asegura que las sanciones a políticos elegidos popularmente se ajustan a la ley colombiana

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Margarita Cabello y Gustavo Petro
Margarita Cabello y Gustavo Petro

La gestión de Margarita Cabello ha generado molestias en el Pacto Histórico, cuyos miembros, incluso, solicitaron medidas cautelares ante la CIDH. La procuradora desestimó los reclamos, señaló que se trata de una excusa y que no tiene sesgos políticos.

“Esa es ahora la nueva excusa. Cada vez que la Procuraduría General de la Nación emite una decisión, que no es la procuradora a título personal, sino la Procuraduría General de la Nación, es que está sesgada y es que está persiguiendo a un grupo político, al grupo político que hoy gobierna”, señaló Cabello.

La jefe del Ministerio Público se refirió a las quejas de su gestión en la Cumbre de Seguridad convocado por la Federación Nacional de Departamentos que reunió a los gobernadores en Bogotá. Aunque esperaban a varios miembros del Gobierno, incluido el presidente, ninguno asistió.

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Con la evidente molestia por la ausencia de los miembros del Gobierno nacional, la Procuradora aprovechó para responder los reclamos que le han hecho. Incluso, Petro ha calificado de “golpe blando” las decisiones administrativas de la Procuraduría que sancionó a uno de sus senadores, Álex Flórez, y tiene procesos en contra de otros cinco.

Margarita Cabello calificó como una "excusa" las críticas a su gestión disciplinaria en contra de miembros del partido de Gobierno

Sin embargo, Cabello asegura que son más las decisiones absolutorias. “Puedo sacarles el listado para demostrarles que más son los archivos y las absoluciones, que las aperturas y los cargos que les hemos hecho y que las decisiones de sentencias cuando ha habido necesidad de sanciones en ese sentido”, sostuvo la Procuradora.

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Cabello también se refirió a la sanción de suspensión e inhabilidad por ocho meses en contra del senador Flórez, tras hallarlo disciplinariamente responsable por referirse en términos calumniosos contra tres agentes de la Policía en Cartagena. La procuradora afirmó que no pudo haber sesgo porque el proceso fue público e, incluso, que le reclamaron por no darle una sanción mayor.

“Tenía mucho que ver con la sanción impuesta al senador Flórez y les decía yo en ese momento: la audiencia y el juzgamiento fue público, nada más es mirarlo. Lo contrario, muchísimos ciudadanos nos han reclamado que porque fuimos benévolos en la aplicación de la sanción”, sostuvo la jefe del Ministerio Público.

La crítica del Pacto Histórico se centra en que hay indagaciones en la Procuraduría contra Wilson Arias, María José Pizarro, David Racero, Alexánder López, Susana Gómez que podrían terminar también en sanciones. De ser el caso, la coalición perdería votos claves en el Congreso, por lo que sostienen que el propósito es desestabilizar al “primer Gobierno alternativo”.

Además, señalan que no hay garantías cuando Cabello fue parte del gobierno de Iván Duque y ternada por este a la Procuraduría. Así como la sentencia de la Corte IDH en favor de Petro señaló que solo las decisiones penales pueden afectar los derechos políticos, no las disciplinarias.

Organización de Estados Americanos sobre sanciones de la Procuraduría de Colombia
Organización de Estados Americanos sobre sanciones de la Procuraduría de Colombia

La procuradora desestimó esos argumentos, reiteró su experiencia como magistrada y el objetivo de su labor. “Actuamos conforme a la ley con la estrategia que he aprendido en toda mi vida cuando he llevado más de 35 años trabajando en la Rama Judicial lo que me da una preparación para hacerlo totalmente objetiva, para tomar decisiones que sirvan para una sola cosa, para la tranquilidad y la seguridad”, afirmó Cabello.

La posición de los miembros del Pacto Histórico fue respaldada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien a través de un comunicado sostuvo que la Convención Americana y la CIDH sostienen que solo las decisiones penales pueden afectar los derechos políticos.

“Es imprescindible que todos aquellos órganos del Estado que no sean jueces penales, incluidos los órganos de control administrativo, se abstengan de realizar actos que vayan en contra de este principio, que hace a la esencia del funcionamiento democrático y del Estado de Derecho”, señaló.

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