
La Fiscalía de Nápoles adelanta una investigación por la mediación de varios empresarios y funcionarios para la adquisición por parte del Gobierno de Colombia de vehículos militares con dos empresas de Italia. En la investigación estaría mencionada la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, lo que desató una discusión de la retirada funcionaria con el presidente Gustavo Petro.
La información fue revelada por el diario Corriere della Sera y señala que la investigación de la Fiscalía vinculó a Massimo D’Alema, exprimer ministro de Italia, junto los empresarios Alessandro Profumo, director de la compañía Leonardo S.p.A., y Giuseppe Giordo, exdirector de Fincantieri, con las que se habría propuesto firmar un acuerdo por 4.000 millones de euros para la provisión de aviones M 346 y Corvettes y pequeños submarinos militares.
De acuerdo con el medio, Francesco Amato y Emanuele Caruso trabajaron como consultores para la cooperación internacional, junto con una tercera persona identificada como Giancarlo Mazzotta habría llegado a D’Alema, para promover la firma del acuerdo comercial. En el proceso se investiga el ofrecimiento de 40 millones de euros de comisión, la mitad de la que presuntamente esperaban conseguir para ellos, es decir, 80 millones de euros.
Esa millonaria comisión, consideran los investigadores, se había propuesto dividir entre el lado colombiano e italiano de la negociación. Al parecer, no se lograron poner de acuerdo y esto habría llevado a que el proceso se cayera a último momento.
El diario italiano señala que también participan en la investigación “Edgardo Fierro Flores jefe del grupo de trabajo para la presentación de oportunidades en Colombia, Marta Lucía Ramírez, canciller y vicepresidenta de Colombia, Germán Monroy Ramírez y Francisco Joya Prieto, delegados de la comisión del Senado de Colombia”.
D’Alema, para entonces, ya no ocupaba cargos públicos, pero ha aceptado haber intervenido en la negociación. “Yo intenté echar una mano a las empresas italianas para que aceptaran un encargo importante. Personalidades colombianas se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que estaban dispuestos a apoyar esta hipótesis. Obviamente, alguien se molestó e intervino para evitarlo”, aseguró al caerse el acuerdo, según citó EFE.
Tire y afloje entre el jefe de Estado y la exvicepresidenta
El presidente Gustavo Petro se pronunció respecto a la investigación y solicitó a la Fiscalía que se adelanten las investigaciones en el país. “80 millones de dólares en sobornos se iban a distribuir por compra de equipos militares navales entre una empresa italiana y altos funcionarios del anterior gobierno. La investigación italiana avanza, solicito a la fiscalía iniciarla en Colombia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ramírez también reaccionó a la noticia. “Como Vicepresidenta y Canciller del anterior gobierno NO tuve funciones de compra de equipo militar”, señaló en redes sociales y dijo que se trataba de una supuesta “cortina de humo” para ocultar el escándalo por presuntas interceptaciones ilegales que vinculan a funcionarios del gobierno Petro.
“Ni como Vicepresidenta tuve funciones relacionadas con compra de equipo militar, ni como Canciller recibí información sobre el escándalo contra exprimer ministro de Italia Massimo D’Alema. La embajada de Colombia manejo el tema con los ministerios de Defensa de ambos países”, agregó.

La exvicepresidenta señaló que se espera que todas las acusaciones “con fundamento” sean investigadas y aclaró que no conoce “al sr del partido comunista de Italia Massimo D’Alema”, quien fue primer ministro italiano y ha sido relacionado en la investigación como mediador.


Según el diario italiano, D’Alema se presentó como agente intermediario de las empresas que proveerían los vehículos ante un bufete de abogados en Miami, en el que se definirían las particiones de las comisiones, así como el mecanismo por el que se harían las transacciones. Además, habría participado por su experiencia política en ese encargo.
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