Juliette De Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, propuso al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, abrir diálogo independiente con los territorios resaltando que estos encuentros no pueden depender de los diálogos con actores armados.
Además, sugirió incluir a las autoridades territoriales y étnicas y que el punto de partida de estas conversaciones sea la Mesa Nacional Humanitaria.
Así mismo, mostró la disposición que tienen las Naciones Unidas en la articulación de los diálogos, y recordó que dentro de sus funciones ha estado el permanente contacto con los grupos étnicos de varios territorios, y han sido los mismos defensores de derechos humanos, quienes han expresado una propuesta de entablar conversaciones con el Gobierno.
Cifras de masacres y asesinatos a defensores de derechos humanos
En marzo de 2023, la ONU presentó su informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnud), que alertó sobre la grave situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, Juliette De Rivero fue la encargada de presentarlo.
La representante de esta agencia de la ONU en el país habló de la situación de derechos humanos que, según las cifras, no ha mejorado en los primeros meses del Gobierno Petro.
En diálogo con Semana, De Rivero dijo que es importante que la Paz Total del gobierno Petro esté enfocada a generar soluciones efectivas ante la situación de derechos humanos:
También señaló que, aunque se ha avanzado con la iniciativa, en Colombia hace falta una política de desmantelamiento que aún no existe. Hizo un llamado al Gobierno para que escuche a las comunidades afectadas por la violencia y las haga partícipes de esa política:
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha llamado a que los grupos armados respeten los derechos humanos de la población. Según De Rivero, “no hay ninguna excusa para lo que están haciendo”, refiriéndose a los constantes asesinatos de líderes sociales y activistas en los territorios.
Según las cifras del informe de la ONU, entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2022 se perpetraron en Colombia 92 masacres, que dejaron 321 víctimas mortales. Fueron 116 los defensores y defensoras de derechos humanos asesinados. Ambos indicadores alcanzaron niveles sin precedentes en la última década.
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