Hijo de Eudaldo Díaz rechazó la libertad condicional otorgada por la JEP a Salvador Arana: “Es una burla para las víctimas”

Luego de la decisión tomada por la JEP de otorgarle el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada al exgobernador de Sucre Salvador Arana, familiares del exalcalde de El Roble Eudaldo Díaz rechazaron la determinación del tribunal e hicieron un llamado para que se respete la memoria de las víctimas.

Juan David Díaz, hijo del exmandatario asesinado por orden del entonces gobernador, dijo que la libertad contra el condenado es una “burla” y un premio entregado por el tribunal transicional. Asimismo, manifestó que Arana Sus no hizo méritos para que le fuera impuesta esa medida, pues aún debe entregar aportes a la verdad sobre sus nexos con grupos paramilitares en el Caribe colombiano.

“Es una burla y un golpe muy duro para nosotros las víctimas, al ver que hoy Salvador Arana sea premiado con una salida de la cárcel, la cual no se ha ganado”, dijo el defensor de derechos humanos en declaraciones entregadas a Infobae Colombia. En ese sentido, expuso que al compareciente le falta por detallar ante la JEP sus vínculos con agentes paraestatales en Sucre, pues hasta la Corte Suprema determinó que él propició la creación del Bloque Mojana en ese departamento.

“En el año 1998 creó el grupo llamado La Mojana que luego se unió con la Convivir ‘La Caliza‘ y conformaron el mal llamado Bloque Héroes de Montes de María –de las Autodefensas Unidas de Colombia–. En 2001 Salvador Arana llega como jefe paramilitar que, debido a ese poderío llega a ser gobernador”, explicó el hijo de Tito Díaz.

El también médico contrarió la decisión de la JEP y expresó que Arana no está comprometido con la verdad y, sumado a eso, tampoco ha mencionado en el tribunal los nombres de los sujetos con los que se reunió para asesinar a su padre el 10 de abril de 2003. Tampoco mencionó que su cuñado, propietario de la finca Las Flores, donde fue retenido antes del crimen, fue cómplice del hecho.

“Fuera de eso, Salvador Arana se declaró pobre cuando fíjese que, antes de ser gobernador, fue director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a estar investigado por el robo de regalías. Ahora quiere reparar a las víctimas con diez hectáreas de maíz y ajonjolí, y unos programas que no tienen nada que ver con los delitos cometidos”, agregó Juan David Díaz sobre las medidas de reparación ofrecidas por el exgobernador condenado.

Con la libertad transitoria, condicionada y anticipada otorgada al exparamilitar, las víctimas quedaron expuestas y “a merced” de lo que pueda hacer ahora que está fuera de la cárcel. Sobre esto, Díaz advirtió que su vida está en peligro, pues la Fiscalía tiene conocimiento de por lo menos cinco intentos de asesinato y 80 amenazas en su contra, muchas de ellas con Arana de cómplice.

También recordó que las declaraciones de Salvatore Mancuso en audiencia única de verdad ante el tribunal de justicia transicional son prueba de que Arana no ha contado toda su verdad sobre el conflicto y los nexos con paramilitares en Sucre.

“Consideramos como injusta su salida, es un mal mensaje: primero, es un golpe muy duro para las víctimas y un mal mensaje para los delincuentes que saben que no necesitan decir la verdad, sino que dicen cualquier cosita y van a obtener beneficios”, concluyó Juan David Díaz, que acudirá a todas las instancias judiciales para que el crimen de su padre no quede impune.

En su decisión, la JEP argumentó que la libertad condicional a Arana se debió al cumplimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales, entre ellos los aportes entregados al tribunal especial de paz que “lo hacen merecedor” de esa medida.

“Este despacho considera que el compareciente ha cumplido con esta exigencia y que, desde esa perspectiva, ha hecho aportes importantes para entender las relaciones que distintos actores han tenido en distintos momentos con el aparato criminal en la región del Caribe colombiano correspondiente a los municipios de Montes de María y municipios cercanos de los departamentos de Bolívar, Córdoba y de Sucre, especialmente entre 1996 y 2006″, precisó la JEP en la resolución fechada del 30 de mayo de 2023.