Se reveló una escandalosa cifra de “falsos positivos” del general (r) Mario Montoya

El sábado 27 y domingo 28 de mayo está programada la diligencia en la que víctimas acreditadas ante la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), que investiga desapariciones forzadas y asesinatos pasados como bajas en combate en el macrocaso 03 sobre los asesinatos de civiles presentados posteriormente como bajas en combate por agentes del Estado, se pronunciarán ante las versiones entregadas por altos mandos militares implicados en estos delitos.

Las víctimas de ‘falsos positivos’ expondrán desde Granada, Antioquia, sus demandas de verdad y responsabilidad ante las versiones rendidas por el general (r) Mario Montoya y otros 60 exintegrantes de la IV Brigada del Ejército Nacional vinculados a 161 crímenes perpetrados entre 2002 y 2003.

El general retirado ha sido mencionado en 24 versiones de comparecientes, en las que se reveló que estuvo involucrado mientras comandó la Cuarta Brigada: “hemos identificado, dentro de la investigación judicial, a partir de versiones voluntarias de los comparecientes, informes que nos han presentado las víctimas, expedientes de la justicia ordinaria y expedientes de la justicia penal militar, más los archivos de unidades militares que hemos podido inspeccionar, por lo menos 160 falsos positivos, entre el 2002 y 2003, solo en el Oriente antioqueño”, aseguró la JEP.

Como lo explica la magistrada Catalina Díaz Gómez, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, en la audiencia se escuchará las observaciones que se realizará en Granada, el municipio del Oriente con más situaciones similares. Participarán cerca de 100 víctimas y se espera que al menos 15 de ellas se pronuncien públicamente sobre los aportes a la verdad entregados por los comparecientes que hicieron parte de las unidades militares que presentaron los mayores niveles de victimización, en la época referida por el tribunal especial de paz.

Dentro del caso Antioquia es el departamento que concentra una cuarta parte de los 6.402 falsos positivos ocurridos en el país entre 2002 y 2008:

“Hemos establecido judicialmente que por lo menos 462 personas fueron asesinadas o desaparecidas forzadamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el departamento, entre el 2002 y el 2006, periodo durante el cual el general (r) Mario Montoya fue comandante de la Cuarta Brigada y luego comandante de la Primera División con jurisdicción en Antioquia”, informó la JEP.

Los testimonios de Mario Montoya ante la JEP

El general retirado rindió versión ante la Sala de Reconocimiento de Verdad del tribunal de justicia transicional el 12 y 13 de febrero de 2020. En esa diligencia, reafirmó que su actuar fue correcto como comandante del Ejército. Al respecto, detalló mediante una declaración que sus funciones “a nivel operacional se expidieron como me correspondía las directrices claras y precisas con el fin de lograr el cumplimiento de la misión constitucional de forma transparente”.

Además, ante varias de las preguntas que le realizó la magistratura, Montoya Uribe dijo no recordar en detalle hechos como los ‘falsos positivos’ cometidos mientras estuvo al mando de la I División. En cambio, sobre las zonas de operación en Catatumbo, contestó que esa región es una “república independiente” donde lideraban las extintas Farc, el EPL y actualmente el ELN.

En julio de 2022, la misma Sala volvió a llamarlo a rendir versión dentro del subcaso Antioquia dentro del macrocaso 03. Al respecto, la JEP había establecido que cuando el exmilitar estuvo al mando de la IV Brigada –entre el 1 de enero de 2002 y el 15 de diciembre de 2003–, se cometieron crímenes entendidos como ‘falsos positivos’ por parte de uniformados que integraron esa unidad.

Previo a ese llamado, Mario Montoya había sido mencionado en 16 versiones de comparecientes que hicieron parte del Batallón de Artillería n° 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’. También su nombre apareció en tres solicitudes de información hechas por autoridades municipales sobre el paradero de personas dadas por desaparecidas que después se reportaron como bajas en combate.

En febrero de 2023, la Procuraduría elaboró un informe en el cual pidió a la JEP no expulsar al general (r) por el impacto que habría en las investigaciones correspondientes a ‘falsos positivos’ y sus posibles nexos, de acuerdo con pesquisas hechas en otros subcasos.