Cualquier acción que busque impedir o menoscabar la participación de las mujeres en la política deberá ser sancionada por las autoridades, de acuerdo con la nueva ley que fue aprobada por la Cámara de Representantes. Todos los congresistas apoyaron la iniciativa por unanimidad para su último debate.
El proyecto, de iniciativa de la senadora María José Pizarro, introduce en el ordenamiento jurídico el concepto de violencia política contra las mujeres, que no existía. Este será definido como toda conducta, acción u omisión “realizada en el ámbito público o privado que, basada en elementos de género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres o a sus familias, sin distinción de su afinidad política o ideológica” y viole derechos políticos.
El proyecto define varias categorías de violencia, que las autoridades deberán tener en cuenta en sus investigaciones para establecer si, en agresiones contra mujeres, hubo intención de vulnerar sus derechos políticos o se causó afectación.
Un lugar donde “los chistes, imágenes, y comentarios sexistas y/o de carácter sexual son tolerados”, se considera un espacio hostil para las mujeres que podría ser violencia psicológica, al igual que las acciones para degradar y/o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de las mujeres.
También se introduce en la violencia sexual las acciones que tengan “como objetivo obligar a las mujeres a “intercambiar” favores sexuales para ganar una candidatura en el partido o movimiento político; o conseguir financiación para la campaña o acceso a recursos patrimoniales de la colectividad”.
Una acción que ha sido denunciada en los contextos políticos, incluso en el Congreso de la República, pero ha quedado en un secreto a voces de pasillo. Con este proyecto se busca que se eliminen y la participación de las mujeres en esos escenarios sea segura, sin estereotipos de género o subordinación se desigual.
La norma también señala como manifestaciones de la violencia contra la mujer, “suministrar intencionalmente a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular o en el ejercicio de sus derechos políticos, información falsa, errada, incompleta o imprecisa”. Así mismo, propagar información falsa o engañosa, o manipular información verdadera o distorsionada, incluso la difusión de información incompleta que tergiverse las posturas o los pronunciamientos de la mujer para afectar su candidatura.
La falta de garantías para la participación de las mujeres en procesos de elección en condiciones de igualdad, según la senadora Pizarro, provoca la baja representación de ellas en espacios de poder. Según sus datos, en Colombia a pesar de que las mujeres representan el 51,2% de la población, sólo dos de las 32 gobernaciones son lideradas por mujeres; el 12% de las alcaldías y en el Congreso representan el 29,2%.
“Este proyecto propone activar la institucionalidad existente y brindar herramientas para garantizar el derecho a la participación política en igualdad y con garantías en todos espacios de la vida política y pública, de nada más y nada menos que de más de la mitad de la población de nuestro país; actualmente esto no ocurre y por el contrario estas violencias se han venido incrementando”, afirmó Pizarro.
El proyecto pasará a conciliación para definir el texto de la ley entre lo aprobado por el Senado y la Cámara. Entre las herramientas, se encuentra el diseño de mecanismos para recopilar casos y denuncias, la formulación de estrategias de prevención y mitigación de riesgos de violencia, la promoción de liderazgos políticos de mujeres, el fortalecimiento de los mecanismos de observación y el acompañamiento en los procesos electorales con perspectiva de género.
“Hoy el Congreso está cambiando la historia de las mujeres y de la política en Colombia. No tuvimos ni un voto en contra del proyecto y contamos con el apoyo de nuestros colegas congresistas hombres para impulsarlo de manera multipartidista. Haremos de la política un espacio seguro para las lideresas, futuras candidatas, funcionarias electas y todas las mujeres que vendrán a ejercer su derecho a la participación política” expresó la representante Catherine Juvinao, quien fue ponente del proyecto.
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