El lunes 22 de mayo, el exdirigente de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Rodrigo Londoño más conocido como Timochenko publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en donde rechazó el asesinato de cuatro menores indígenas en el Putumayo: “Rechazo el asesinato de 4 menores de edad indígenas por el autodenominado Estado Mayor Central”.
Igualmente, en el trino recalcó que no existe coherencia entre el discurso de las disidencias de las Farc y el actuar de la organización frente a una posible negociación con el Gobierno nacional, ya que con los actos de violencia y el reclutamiento de menores de edad para el conflicto armado no demuestran intención alguna de dejar las armas y buscar la paz: “Un diálogo serio de paz exige coherencia, voluntad y respeto por la población civil. Son pilares para lograr acabar la violencia”, indicó el exguerrillero.
Londoño concluyó cuestionando si con la violencia que está desatando el grupo armado ilegal realmente demuestra que quiere buscar un marco de paz: “Pregunto a los grupos armados, ¿realmente quieren paz?”, concluyó Timochenko en su trino.
Sobre la denuncia
La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) denunció que integrantes del frente Carolina Ramírez realizaron el reclutamiento forzado de un menor de edad en la Comunidad de Guaquira del pueblo indígena Murui. Posteriormente, pese al esfuerzo del menor por escapar, no logró, ya que junto a otros tres menores, fue asesinado por el grupo disidente.
“Tras el escape, el día 17 de mayo de 2023 en horas de la tarde y tras la búsqueda por parte del grupo armado organizado a estos jóvenes, fueron encontrados en la comunidad El Estrecho, en límites entre Caquetá y Amazonas”, añadió la Opiac en el escrito. Al ser localizados les causaron la muerte: “con arma de fuego a cada uno de los cuatro jóvenes que habían intentado escapar de la situación de reclutamiento”.
Por ello, la organización solicitó a entidades del Estado como el Ministerio del Interior, Fiscalía General, Ministerio de Defensa, ICBF, Ejército Nacional, Unidad Nacional para la Protección (UNP), Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Gobernación de Putumayo, Defensoría del Pueblo, MAPPOEA y ONU que “protejan a las comunidades, eviten el reclutamiento de niños y capturen a los responsables de la masacre”.
Del mismo modo, solicitaron “que acompañen este caso y en el marco de sus funciones realicen las debidas solicitudes al Estado colombiano para que atienda la situación con enfoque étnico diferencial para contrarrestar y prevenir hechos violatorios de los derechos humanos, como posible confinamiento y desplazamientos forzados”.
También exigieron a los grupos al margen de la ley respetar la vida e integridad de los indígenas, en especial de los niños, niñas y adolescentes: “No tienen por qué realizar reclutamientos forzados, ni mucho menos atentar contra la vida e integridad de ello”.
Indicó también: “solicitamos a las autoridades nacionales, territoriales; alcaldías y gobernaciones para que brinden las condiciones de seguridad, garantizándoles a nuestros niños, niñas y adolescentes condiciones dignas de buen vivir y cese la violencia de los distintos grupos armados ilegales quienes asesinan, desplazan, confinan a los y reclutan forzosamente a nuestros compañeros indígenas”.
Gobierno Petro suspendió cese al fuego con disidencia de FARC
La Administración aplazó parcialmente el cese al fuego bilateral con una disidencia de las Farc, tras el homicidio de cuatro menores indígenas que intentaron escapar tras ser reclutados a la fuerza por el Frente Carolina Ramírez, que hace parte de ese grupo.
En un comunicado, el Gobierno nacional informó la decisión: “En consecuencia, se informa de que el cese bilateral que había actualmente con este grupo armado en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas”, esta medida “se hará efectiva en las próximas 72 horas”.
El Gobierno señaló que no hay justificación para esta clase de crímenes, ya que considera que responde a una “grave violación del Derecho Internacional Humanitario” por parte de la organización al margen de la ley, lo que sumado a otros hechos que causan “incertidumbre y zozobra en la población’' y todo esto llevó a “suspender parcialmente” el decreto del cese el fuego.
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