El 20 de mayo, la Procuraduría General de la Nación inició indagatorias previas contra funcionarios de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), con el fin de determinar si solicitaron favores sexuales para otorgar puestos de trabajo.
Las denuncias fueron hechas el cuatro de mayo, cuando la concejala María Isabel Moreno señaló que directivos y miembros del sindicato de Emcali han ejercido acoso sexual en contra de las mujeres de la institución.
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La concejala Moreno calificó el actuar de Emcali como irrespetuoso e ingenuo al invitar a denunciar a las presuntas víctimas. La empresa habilitó un correo electrónico para que las mujeres realizaran sus denuncias, por lo que, según la denunciante, las reclamaciones quedarían en manos de quienes ejercieron las presiones.
Las denuncias se suman a las hechas por el concejal Roberto Rodríguez, que alertó sobre la contratación de 300 trabajadores adicionales para Emcali, para presuntamente pagar favores políticos, al respecto afirmó:
Ante esta situación, la Provincial de Instrucción de la Procuraduría en Cali indicó que tras la denuncia se identificó que serían las mujeres las principales víctimas de estas presiones, por lo que se investigaran las 300 vacantes que, presuntamente, se abrirían para cumplir con el pago de favores políticos, en su mayoría en áreas administrativas, creadas para el centro de atención de Emcali.
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El concejal añadió que, ‘’algo que, por ejemplo, un empleado por fuera de la empresa para call center vale alrededor de $2.500.000, pero al hacerlo con el personal de Emcali costaría alrededor de $7.000.000″.
El Ministerio Público manifestó que resulta necesario clarificar quién o quiénes podrían ser los servidores responsables de las presiones y acoso sexual, por lo que adelantaran la práctica de pruebas que permitan la identificación e individualización.
El comunicado de Emcali
Emcali difundió, internamente, un comunicado a sus trabajadores informando que ya tenían conocimiento sobre el cobro por entrar a trabajar a la empresa e informó que esos hechos serán investigados.
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El documento expresa que ‘’estas malas prácticas serán puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, organismo que contará con nuestra total disposición y capacidad institucional para determinar si esta situación es cierta o no”, dice en el escrito. Por ello la empresa manifestó que es necesario que el personal se debe reunir para enfrentar la situación y por ello creó un canal confidencial y seguro para que se puedan recibir las denuncias y las respectivas pruebas de los casos.
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