El exmagistrado Jorge Pretelt, condenado por “el cartel de la toga”, quiere ser recluido en una guarnición militar en Córdoba

En las instalaciones del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de Montería, Córdoba, permanece el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, mientras su defensa adelanta las solicitudes para la asignación del centro donde deberá cumplir su condena de seis años y medio al ser hallado culpable de recibir sobornos para influir en el trámite de una tutela promovida por la empresa Fidupetrol.

Se esperaba que fuera trasladado al búnker de la Fiscalía, en Bogotá, en la tarde del sábado 6 de mayo, pero su representante legal, José Darío Salazar, aseguró que el exmagistrado presenta problemas cardíacos y pulmonares, por lo que viajar a la capital podría comprometer aún más su salud.

Este mismo motivo es el que está usando el abogado para solicitarle al Ejército que le permita a Pretelt cumplir su condena en una guarnición militar en el departamento de Córdoba y no en el pabellón de funcionarios públicos condenados de la cárcel La Picota, como se tenía previsto inicialmente, según conoció la emisora Blu Radio.

Luego de haber sido capturado, en la noche del 5 de mayo, al exmagistrado se le practicaron exámenes médicos que arrojaron que padece de un cuadro de tensión arterial, motivo por el que se suspendió su traslado a Bogotá. Por lo pronto, se le deberán realizar nuevos exámenes para determinar si puede viajar o no, mientras su abogado resuelve que pueda cumplir su condena sin necesidad de salir de Córdoba.

¿Por qué fue condenado Jorge Pretelt?

La captura de Pretelt Chaljub se cumplió por orden de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que encontró probado que el exmagistrado solicitó al abogado Víctor Pacheco, apoderado de Fidupetrol, una suma de 500 millones de pesos para adelantar gestiones en la Corte Constitucional con el fin de sacar adelante una acción de tutela interpuesta por esa empresa en contra de un fallo de ese tribunal, que la obligaba a pagar una multa de 22.500 millones de pesos y un interés del 10,5% en favor de la Gobernación de Casanare.

Aquella decisión fue adoptada por unanimidad por cuatro conjueces y ratificó la decisión que había tomado la Sala Primera de interponerle el pago de la condena en una cárcel. Sin embargo, modificó la multa, fijándola en 56,25 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ocurridos de los hechos, y redujo la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas a 64 meses y 15 días.

El expediente del caso se remonta al 2013, cuando el representante legal de Fidupetrol y el exmagistrado Pretelt se reunieron en el apartamento de este último en Bogotá. Ambos llegaron al acuerdo de que se nombrara como apoderado a Rodrigo Alonso Escobar para que se encargara del trámite de la tutela, y que este se reuniera con el magistrado ponente del caso, Mauricio González Cuervo.

Luego, trascendió que Pretelt le expuso al magistrado González la situación de la fiduciaria y su intención de mediar para que la tutela se resolviera favorablemente. Pero, en febrero de 2015, el propio González denunció la actuación de Pretelt Chaljub ante la Comisión de lnvestigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por lo que en abril de ese mismo año tuvo que rendir indagatoria por el delito de cohecho propio.

No obstante, Pretelt terminó siendo condenado por concusión, porque abusando de su cargo como magistrado de la Corte Constitucional solicitó de manera indebida la suma de 500 millones de pesos a cambio de que la tutela presentada por Fidupetrol tuviera éxito.

“El punible de concusión se consuma cuando se realiza la exigencia dineraria o de cualquier otra utilidad indebida, bien sea que se efectúe de manera directa, o sutil, o mediante amenazas, instante en el que se menoscaban la dignidad, moralidad, integridad, pulcritud, confiabilidad y transparencia de la administración pública, cuyos valores deben imperar en los funcionarios y sus actos”, indicó la Corte Suprema de Justicia.