
Mientras se estudia una nueva fecha para el inicio de diálogos y a dos semanas de la instalación del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV), la disidencia Estado Mayor Central de las Farc ha incrementado su control a la población en Caquetá. Ha cortado la comunicación de Cartagena del Chairá y asesinó a un trabajador de una empresa de telefonía por señalarlo de ser un supuesto informante.
El hecho fue denunciado por la Gobernación de Caquetá como una infracción al cese bilateral del fuego, en medio de reclutamiento y adoctrinamiento de menores. Según la secretaria de Gobierno, Sandra Rodríguez Pretelt, se presentó el asesinato de Eduardo Quintana Collazos, de 50 años, contratista de la empresa Claro en el centro poblado de Nápoles, en zona rural de Cartagena del Chairá.
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El hombre adelantaba labores de mantenimiento en una de las antenas de comunicación en esa zona del departamento, cuando fue asesinado. El crimen se produjo en medio de un apagón de las antenas de comunicaciones de la misma compañía para incomunicar al municipio. Según la secretaria de Gobierno, se estaba exigiendo 3 millones de pesos para entregar el cuerpo.

La disidencia EMC Farc se pronunció sobre el hecho a través de un comunicado. Aseguran que sus unidades en terreno obtuvieron supuestas “pruebas fehacientes” (que no revelan) de que el contratista estaba adelantando “labores de inteligencia” brindando información, coordenadas, nombres y fotografías que remitía por medio del celular a una agencia de inteligencia.
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“Las pruebas recolectadas de que este supuesto contratista se encontraba en labores de inteligencia contra las FARC-EP, serán remitidas al Mecanismo de veeduría, Monitoreo y Verificación del cese bilateral al fuego y de esta manera alertamos de la posibilidad de acciones bélicas contra nuestras unidades en el Caquetá por fuerzas estatales, paraestatales y demás actores armados”, señalaron las disidencias en el comunicado.
El alcalde del municipio aseguró que la información que tenían era que se trataba de una persona encargada del mantenimiento de las antenas de comunicación, las cuales habían sido apagadas para exigir un pago extorsivo a la empresa operadora para poderlas prender.
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El hecho produjo el pronunciamiento del ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, quien solicitó el apoyo del Ministerio de Defensa para establecer un protocolo de seguridad que permitiera reactivar las antenas y evitar que el territorio, las entidades, las escuelas y los hogares quedaran incomunicados.
Desde el EMC Farc niegan que se trate del homicidio de un civil como presión extorsiva. En cambio advierten que supuestamente sería una situación que afecta su seguridad, incluso la de la población civil y guardias campesinas, por posibles acciones bélicas futuras.
Será un hecho que deba abordar el recién inaugurado MVMV al que también, desde el grupo armado, le entregaron una denuncia de “tres ataques que se realizarán en el municipio de Argelia, específicamente en la estación de Policía, otro en la calle principal y el último en un bar del centro de la localidad”.
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“Estos actos intencionales, directos e indiscriminados en contra de las mencionadas infraestructuras urbanas que afectarán gravemente a la población civil, tienen como único propósito responsabilizar al Frente Carlos Patiño de las FARC-EP para presionar que se termine el cese al fuego bilateral por parte del Gobierno Nacional y, suspender definitivamente el inicio de las conversaciones de paz. Estos actos ya fueron informados al Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional (MVMV)”, aseguraron en un comunicado.
Así mismo, queda en evidencia las dificultades que tendrán que afrontar los mecanismos de verificación del cese al fuego. Señalaron que sostuvieron fuertes combates entre el Frente 36 del Bloque Magdalena Medio y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que sostienen como “acciones legítimas de guerra”.
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