Bogotá responsabilizó al Gobierno por la situación de hacinamiento en la capital

Tras el anunció de la Procuraduría de iniciar un proceso de investigación contra la alcaldesa Claudia López por el hacinamiento en Bogotá, se pronunció el secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia. El funcionario levantó un llamado al Gobierno nacional para que atienda las estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), pues estas no fueron pensadas para ser centros de retención permanente.

El Ministerio Público afirmó que tras realizar inspecciones judiciales encontró niveles de hacinamiento del 200%. Entre los hallazgos, en las estaciones de Policía, se encuentra la disponibilidad de un solo baño para 120 personas. En el caso de Engativá se evidenció que había personas recluidas en el cuarto de basuras.

En respuesta, Gómez Heredia afirmó que: “las estaciones de policía y las URI requieren una atención del Gobierno Nacional porque estas instalaciones no están construidas ni diseñadas para albergar personas privadas de la libertad, hoy tenemos 3.265 personas privadas en esas instalaciones, con un hacinamiento del 265% igualmente dentro de esas personas hay 500 condenados que deberían estar en las cárceles”, según citó El Espectador.

En respuesta a estos señalamientos, desde la Secretaría de Seguridad aseguraron que el hacinamiento carcelario es un problema estructural del país, que no solo se presenta en Bogotá. El cual se ha mantenido a lo largo de los años debido a los conflictos de competencia entre los gobiernos locales y el nacional. “El artículo 17 de la Ley 67 de 1993 no es claro al respecto y por ello la Corte Constitucional ha emitido algunas órdenes con el fin de dar claridad y distribuir competencias”. Afirmaron.

Las autoridades distritales explicaron que la pandemia y las medidas sanitarias llevaron a cerrar centros penitenciarios a lo largo del país, por lo que se incrementó el hacinamiento en los espacios de retención transitoria, que en el caso de la capital llega al 200%. Según datos de las autoridades, en 2020 había 1.300 personas recluidas en estos lugares, pero hoy la cifra se triplicó.

Desde la Secretaria de Seguridad mantienen que han trazado una ruta para solucionar la situación, y así dar cumplimiento a lo fijado por la Corte Constitucional, por lo que se han propuesto fortalecer a la Cárcel Distrital, cuya disponibilidad es de 1.028 cupos, para aumentar su capacidad.

Como medida para el corto plazo se prevé la entrega de colchonetas, paquetes de aseo personal y realizar brigadas de salud, para atender a los retenidos. También se comprometieron a ejecutar reparaciones locativas en los espacios que así lo requiera.

Sustentaron que en 2022 se puso en funcionamiento el Centro Especial de Reclusión, con capacidad para 216 personas. La obra requirió la creación de una planta temporal de vigilancia y custodia. El costo de este proyecto fue de 17 mil millones de pesos y el centro ya se encuentra operativo.

Otro de los logros anunciados fue la ampliación de los centros especiales de reclusión, con los que la administración distrital espera tener disponibilidad de 492 nuevos cupos. Un proyecto que se encuentra listo para su segunda fase y cuyos costos son de 15 mil millones, según informó la Secretaria.

Finalmente, este organismo del Gobierno distrital aseguró que ya se encuentra en marcha los planes para la ampliación de la Cárcel Distrital 2, que se ubicaría en un predio de La Picota, con el cual se espera tener 3.000 cupos nuevos. Pero para su continuidad es necesario que el Gobierno nacional defina la cesión de los predios.