
Una nueva declaración del fiscal general Francisco Barbosa provocó una reacción del Gobierno nacional. En esta ocasión fue el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien le respondió a los señalamientos que hizo y por los que indirectamente el jefe del ente investigador cuestionó su trabajo en la lucha contra la corrupción.
El fiscal, en un evento en la Universidad de la Costa, se refirió a la solicitud del canciller Álvaro Leyva sobre una comisión internacional de la ONU que investigue el presunto entrampamiento denunciado en contra del Acuerdo de Paz con las Farc en el que se señala a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación de Néstor Humberto Martínez.
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Barbosa rechazó la propuesta que elevó el canciller en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque, según él, la justicia nacional opera. En ese sentido, cuestionó esas instancias que se han creado en otros países, como Guatemala, donde estuvo dirigida por el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez.
“(Para) lo único que sirvieron esas comisiones en Centroamérica fue generar una crisis de la justicia en nuestros países. Por algo los sacaron a patadas de Guatemala, de Salvador y de Honduras”, aseguró Barbosa. Sin mencionar a Velásquez, cuestionó su trabajo que llevó a condenar incluso al presidente y a la vicepresidenta de ese país y le mereció reconocimientos en la lucha contra la corrupción.
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Ante esa referencia, el ministro de Defensa, quien se ha mantenido al margen de las polémicas políticas, decidió contestar, en el mismo tono, sin mencionar a Barbosa. A través de su cuenta de Twitter señaló que las comisiones internacionales apoyarían a la Fiscalía y, con ironía, señaló que no vulneran la soberanía de los países.
“¿Por qué le temen en Colombia a una Comisión Internacional contra la Impunidad, que le ayude a la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra la corrupción, inclusive limitada a temas como lavado de activos y el gran contrabando vinculado al narcotráfico? ¡Ah, la soberanía!”, escribió el ministro en sus redes sociales.
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Velásquez estuvo al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desde el 2013 y las investigaciones que adelantó permitieron enjuiciar al presidente Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti como parte de un fraude aduanero masivo en el que estuvieron involucrados decenas de miembros del gobierno guatemalteco.
La Cicig estuvo activa hasta el 2019 cuando el presidente Jimmy Morales se negó a extender su mandato. Incluso el ministro Velásquez ha tenido problemas a raíz de su papel en esa comisión. Fue declarado persona no grata, le abrieron una investigación e incluso lo han intentado vincular con supuestos sobornos de Odebrecht en ese país.
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Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, este organismo permitió más de 400 condenas por parte del Ministerio Público de Guatemala. Ese organismo asegura que produjo cambios normativos en el país centroamericano, ha inspirado a varios gobiernos y terminó con altos índices de confianza pública por sus resultados. Además, International Crisis Group le atribuye a esa labor una reducción en la tasa de homicidios en el país del 45,1 por 100.000 habitantes en 2009, a 26,1 en 2017.
La comisión que solicitó el canciller Leyva tendría el propósito de investigar el supuesto entrampamiento a la paz que es una hipótesis que sostiene el Gobierno nacional, desde que el presidente Gustavo Petro la denunció en el Congreso, junto a Roy Barreras e Iván Cepeda.
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La propuesta ha generado polémica y opiniones divididas. La senadora Angélica Lozano, por ejemplo, señaló: “Si Colombia va a pedirle a la ONU una comisión internacional ¡Que sea contra la corrupción! Similar a la Cicig que operó en Guatemala con Iván Velásquez. Sobre Santrich es desperdicio llegar a usar ese excepcional recurso internacional. Usémoslo en bien de toda la sociedad”, escribió.
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