La audiencia pública para que el exjefe del Bloque Córdoba de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), Salvatore Mancuso Gómez, cuente a la JEP cómo se vinculó con la Fuerza Pública para cometer crímenes, se realizará en Montería, con la participación de las víctimas.
El excomandante paramilitar deberá conectarse virtualmente desde su centro de reclusión en los Estados Unidos, donde espera la definición de su situación jurídica para volver al país. De lo que revele, que deberá ser información nueva a la que se ha demostrado judicialmente, se determinará si a su regreso deberá continuar compareciendo ante la JEP o enfrentarse a los tribunales de Justicia y Paz por los más de 5.000 hechos violentos que se le atribuyen.
La Audiencia Pública y Única de Aporte de Verdad se desarrollará el 10, 11, 15 y 16 de mayo de 2023. “Esta diligencia será definitiva para determinar si se acepta o no el sometimiento de Mancuso a la JEP en calidad de sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública”, señaló la JEP.
Con la presencia de víctimas y representantes de Córdoba, en calidad de escucha, se espera que Mancuso Gómez haga aportes “presentes, efectivos y suficientes a la verdad plena”. Todo lo que diga o niegue será contrastado por los magistrados de la sala que, si consideran valiosos sus aportes, decidirán acogerlo como compareciente lo que le permitirá al exjefe paramilitar acceder a los beneficios de la justicia transicional.
“Para cumplir con el principio de centralidad de las víctimas, esta Audiencia Única de Verdad se llevará a cabo en Montería como un escenario de justicia restaurativa enfocado en una de las regiones sobre las que se espera que Salvatore Mancuso presente aportes de verdad sobre graves crímenes y violaciones a los derechos humanos en los cuales se habría incorporado materialmente como “actor armado estatal” durante el conflicto”, señaló la JEP.
Mancuso ya fue rechazado por la JEP en 2020, porque consideró que no tenía competencia para acogerlo como tercero civil responsable, una decisión confirmada en dos instancias. Sin embargo, la Sección de Apelación del Tribunal de Paz le abrió una posibilidad para acogerlo si demuestra que se incorporó funcional y materialmente, entre 1989 y 2004, a la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado.
Deberá contar a los magistrados y al país, debido a que las audiencias serán transmitidas en vivo, cómo se convirtió en una bisagra entre militares y paramilitares para ejecutar patrones de macro criminalidad. Además deberá aceptar “su calidad de posible máximo responsable de la formulación y ejecución de dichos patrones”.
Es decir que deberá contar cómo personalmente y a través del Bloque Córdoba que comandó de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá cometió crímenes junto a la fuerza pública, un relato detallado en el que deberá incluir a los responsables con los que participó en la planeación, ejecución y ocultamiento.
“Se mostró que el caso colombiano patentiza una situación inédita consistente, de manera general, en el tratamiento dado por el Estado colombiano a los temas del orden público y de la seguridad nacional, se repite, desde 1965; en la operación y desarrollo del proyecto paramilitar luego del año 1997 y pese a la declaratoria de inconstitucionalidad de la entrega de armas de uso privativo de la Fuerza Pública a particulares -se insiste, casi que por inercia-, por lo menos, hasta la desmovilización oficial y formal de algunos de sus miembros orgánicos; y, por último, en la connivencia entre algunos agentes armados del Estado y grupos armados ilegales, de índole paramilitar -incluyendo los que lideró el interesado-, para combatir a un contrincante persistente, por épocas, en amplios territorios de la geografía nacional”, señala la decisión.
Mancuso fue extraditado a los Estados Unidos tras su desmovilización, para la que habló en el Congreso de la República. Se encuentra recluido en el Centro de Detención de Migrantes ICE-Stewart Detention Center, en el que está a la espera de la definición de su situación jurídica.
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