Delito de incesto es poco probable que sea despenalizado, dice ministro de Justicia

El fiscal general no solo llegó a acuerdos con el presidente Gustavo Petro, sino que también lo hizo con el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Durante el miércoles 12 de abril, el alto funcionario y la cabeza de la Fiscalía General de la Nación discutieron sobre temas que, hasta hace menos de dos semanas, fue motivo de discordia: el proyecto de ley de sometimiento y la reforma a la humanización de las penas.

La discusión, llevada a cabo por El Tiempo estuvo centrada en el articulado que en primera instancia proponía la eliminación del incesto, la inasistencia alimentaria, la injuria y la calumnia como delitos tipificados en el Código Penal. Al respecto, el ministro dijo que es “muy probable” que en el informe de ponencia para el primer debate dichas proposiciones sean eliminadas y que ante eso el Gobierno nacional no va a oponerse. Esa fue la primera concordancia con Francisco Barbosa.

Vale mencionar que en la cumbre adelantada ente Petro y el fiscal el 10 de abril, también se abordó ese tema debido a varios reparos que tenía el jefe del ente investigador.

Ahora, con respecto a la ley de sometimiento a la justicia, Osuna, explicó que el núcleo es el sometimiento colectivo de integrantes de grupos criminales de alto impacto —como el Clan del Golfo— y aclaró que en lugar de beneficios, lo que ofrece esa iniciativa es una “última oportunidad” a dichas estructuras para acogerse a la justicia ordinaria.

“Realmente recibo con sorpresa esas noticias de prensa de que les parezca poco. ¿Les parece poco? A mí me parece demasiado. Yo creo que ha sido un gran esfuerzo el del Estado, el Congreso y la sociedad colombiana para dar esos beneficios de reducirles unas penas muy largas a unas de 6 y 8 años mas 4 de actividad restaurativa”, enfatizó el alto funcionario sobre el proyecto de ley que busca la resocialización de quienes integran grupos criminales, así como la reparación efectiva de las víctimas.

Precisó durante su intervención que sobre el beneficio de la entrega del 6% de los bienes a quienes contribuyan al desmantelamiento de los grupos que integraron, detalló que el 94% restante entrará directamente a las arcas del Estado para la reparación de víctimas. “Sabemos que es mucho dinero y el Estado lo va a recuperar porque en últimas fue obtenido por economía ilegal” agregó el funcionario.

En ese sentido, también aclaró que dichas propiedades no tienen que pasar, necesariamente, por el proceso de extinción de dominio sino que dentro del mismo mecanismo de sometimiento colectivo se realizará esa destinación de activos a manos de las víctimas.

Por otra parte, el alto funcionario reiteró que ese proyecto de ley no creará una justicia transicional, sino que los sometidos pasarán por el sistema ordinario. En este punto, dijo que “la ley menciona que el hecho de someterse a este procedimiento que tiene beneficios no es para grupos que tengan carácter político ni le otorga a los que resulten beneficiarios del mismo, carácter político” y añadió que la ley, de manera explícita, señala que a ningún grupo a someter será caracterizado como de origen político. Todos los grupos serán mencionados como criminales, de acuerdo con el articulado.

Sobre qué grupos pueden acogerse a ese proyecto de ley —en caso de ser aprobado— el ministro de Justicia detalló que “contiene una caracterización de estructuras criminales de alto impacto y corresponde a un grupo de personas que están desarrollando de modo permanente actividades que tienen que ver con economía ilícita” y que además tienen sometida a una parte importante de la población.