JEP rechazó confesión de exjefe del DAS sobre falsos positivos: “No amplía información ya recabada”

Luego de la presentación que realizó Pedro Sarmiento Becerra, exjefe encargado del DAS en Aguazul, en Casanare ante el alto Tribunal, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó la decisión de rechazar su intervención.

Según informó la JEP el rechazo se debió a que su pronunciamiento no contenía información novedosa que permitiera contribuir al curso de las investigaciones y que, estuvo por fuera de asuntos de especial interés para la Jurisdicción, entre ellos la planeación y la ejecución en el caso de los falsos positivos.

Información conocida por W Radio desde el magistrado Óscar Parra, de la Sala de Reconocimiento de la JEP indicaría que el Tribunal descalificó la contribución de Sarmiento y además, encontró que no solo realizó trabajo como “notario”.

Eso se debe a que Sarmiento había señalado que solo participó en las ejecuciones extrajudiciales de Ernesto Cruz Guevara y José Holman Rodríguez, como encargado de desarrollar un informe final de los hechos con información falsa sobre el caso de las víctimas, lo que la JEP encontró como falso.

De acuerdo con la explicación de la Jurisdicción Especial para la Paz, el aporte del exjefe del DAS, “... no relata de manera exhaustiva ni detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, ni amplía la información ya recabada en sede de justicia ordinaria”.

Adicional a esto, la JEP mencionó que las versiones no profundizan realmente en los hechos, en particular no permite la identificación sobre información que permita identificar cuáles fueron los roles que desarrolló en el curso de los hechos. Según la Jurisdicción: “... el señor Sarmiento Becerra no detalla de forma precisa cuáles fueron sus actividades en la planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos desde su posición en el DAS Aguazul”.

El juez investigador determinó que Sarmiento no logró entregar información que responda al material que lo señala como quien sería el responsable de sugerir que se llevaran a José Holman Rodríguez, una de las víctimas, con el fin de que le cegaran la vida. A esto se suma, otra evidencia en su contra sobre un desembolso de 2 millones de pesos para pagar a un presunto “informante”.

Si bien Sarmiento Becerra aceptó su vinculación en los hechos en Aguazul, para la JEP resulta insuficiente la información que entregó recientemente en el encuentro, en especial porque su versión no se ajusta a los vacíos de información que buscaba la Jurisdicción.

Exmilitares reconocerán el asesinato de 46 personas en Antioquia ante la JEP

Otro caso de manejo de la Jurisdicción Especial para la Paz tuvo lugar recientemente, luego de que se conociera que serán ocho los exmilitares del Ejército Nacional quienes asistan a una audiencia ante la JEP para reconocer su participación en el caso que cobró la vida de 46 personas en Dabeiba, en Antioquia.

Los exmilitares son: Edie Pinzón Turcios, Jaime Coral Trujillo, Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, Efraín Enrique Prada Correa, Leandro Rodríguez Giraldo, Jaime Coral Trujillo, Fidel Iván Ochoa Blanco y William Andrés Capera Vargas. También se sabe de otros dos coroneles que no reconocieron su responsabilidad y que se encuentran bajo proceso.

La audiencia se realizará durante la primera semana de julio de 2023 ante las víctimas y de manera pública ante el país. En el proceso, se espera que los responsables entreguen información sobre cómo incurrieron a engaños a las víctimas para luego asesinarlos en el municipio.

Sobre el caso, se sabe que los cuerpos de estas personas fueron desaparecidos y enterrados en cementerios que estaban cerca del municipio. A esto hay que añadir que los uniformados no habían sido investigados por parte de la justicia ordinaria y el caso había quedado bajo impunidad.

Los hechos habrían ocurrido entre el año 2002 y 2006, donde miembros del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos, del Batallón de Contraguerrillas No. 79 y la Brigada Móvil 11.

De acuerdo con información procedente de la imputación de la JEP en el mes de julio de 2022 contra diez uniformados, se espera que en la audiencia los ocho miembros que ya reconocieron su responsabilidad en el caso, entreguen información sobre la detención, la ejecución y el posterior ocultamiento de los cuerpos de las víctimas.