Red dedicada al blanqueo de capitales es desmantelada en Barranquilla

La Fiscalía General de la Nación anunció que desmanteló una organización compuesta por nueve personas que habría blanqueado más de 100.000 millones de pesos desde Barranquilla.

Según indicó la entidad en un comunicado, en un operativo en coordinación con la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) se identificó a los integrantes de la organización, que habrían creado empresas ficticias en la capital del Atlántico con el fin de dar apariencia de legalidad al proceso de giros de altas sumas de dinero desde otros países.

Los implicados presuntamente utilizaban sus cargos en dichas compañías para recibir dineros provenientes de Turquía, China, Estados Unidos, Panamá, España, República Dominicana, Venezuela y Hong Kong, que corresponderían a pagos anticipados por supuestas exportaciones que nunca se realizaron.

“... Se han calificado algunos como comerciantes, otros con distintas profesiones como abogados, con perfiles de ciudadanos comunes y corrientes. Pero no quiere decir que por esta circunstancia en particular, que no parezcan personas que comenten delitos, no estén asociados a la delincuencia. El tipo de delincuencia al que están asociados es una delincuencia de gran poder”, dijo el fiscal delegado del caso, en un audio que compartió la Fiscalía por redes sociales.

De acuerdo con las investigaciones de la entidad, el dinero fue puesto en circulación a través de terceros contactados para cobrar o endosar los cheques. Los giros de dinero permitieron la concreción de 364 giros internacionales que posibilitaron el blanqueo de más de 58.000 millones de pesos y 595 cheques por un valor de 57.000 millones de pesos.

“Estos dineros también se tramitaron a través de cheques girados a las empresas ficticias con domicilio en Barranquilla, logrando así, realizar 364 operaciones internacionales desde diferentes países por concepto de exportaciones que nunca tomaron lugar”, manifestó Carlos Vieda, director Especializado contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de La Nación.

Las personas implicadas en este caso responden a los nombres de Faride Cure De La Espriella, Yanith Paola Alcalá Serpa, Yoisy Estefany Llanos Vanegas, Antonio Luis Bernier Castilla, Samuel Morgado Pinzón, William Javier Abdala, Pedro Antonio Berrio, Andrés Felipe Alvares y Oswaldo Cotes García. Todos ellos deberán responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Ocho fueron cobijados con la medida de prisión domiciliaria, mientras que uno fue dejado en libertad.

El fiscal del caso agregó que estas personas tendrían relación con Jimmy Rafael Sánchez Jiménez, alias ‘El Chiqui’, quien es requerido en extradición por Estados Unidos y que además fue imputado en mayo de 2022 por lavado de activos.

Nicolas Petro está siendo investigado por lavado de activos, aseguró el fiscal Francisco Barbosa

En medio del foro “El Estado de la justicia en Colombia” en la Universidad Externado, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, señaló que al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, se le está investigando por lavado de activos.

“Las unidades (de la Fiscalía General de la Nación) que están investigando el caso penal y en el caso también de bienes o posible lavados de activos; esos son los avances que se tienen”, señaló el fiscal Francisco Barbosa.

El jefe de la entidad investigativa señaló que en cualquiera de los casos hay una presunción de inocencia que juez dictamine lo contrario. “Vuelvo y repito, existe una presunción de inocencia y existe garantía judicial, lo que pasa es que todas las investigaciones en la Fiscalía van enfocadas en hacia las personas en el campo penal y hacia los bienes para efecto de que no existan bienes atados a actividades criminales”, resaltó el fiscal Barbosa sobre el caso de Nicolás Petro.

Cabe destacar que la Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones en contra del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, tras conocerse los chats de Day Vásquez en las que –al parecer– se demostraría que el diputado de la Asamblea del Atlántico habría recibido dineros que tenía como destino la campaña presidencial de su padre y que provenían de líderes de la mafia y el narcotráfico.