Contraloría alerta por $10,18 billones pendientes de legalización en el Ministerio de Salud

La Contraloría General de la República emitió una advertencia al Ministerio de Salud por riesgos en la ejecución de recursos destinados a infraestructura hospitalaria. El organismo señaló que, con corte al 30 de junio de 2026, había $10,18 billones en transferencias y subvenciones condicionadas pendientes de legalización, una cifra que encendió alertas sobre el seguimiento y control de los recursos públicos del sector salud.

Según información publicada por La República, la Contraloría revisó una muestra de 40 proyectos financiados entre 2022 y 2025, con asignaciones por $1,03 billones. De ese total, 22 proyectos, equivalentes a $541.194 millones, presentaron situaciones que requieren especial vigilancia fiscal.

El valor de estos 22 proyectos representa el 52,77 % de la muestra analizada. La entidad advirtió que los hallazgos reflejan problemas que pueden comprometer los costos, los tiempos de ejecución y la funcionalidad de obras hospitalarias financiadas con recursos públicos.

Contraloría alerta por retrasos y baja ejecución

El contralor general, Jorge Laverde, reiteró que existe un riesgo inminente de pérdida de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud debido a retrasos, suspensiones y deficiencias en el seguimiento de las obras.

Uno de los datos que más preocupa al organismo es que solo el 1,61 % de los recursos asignados entre 2022 y 2025 corresponde a proyectos reportados como terminados.

La Contraloría identificó además dificultades en los estudios y diseños de varias iniciativas, así como modificaciones en el alcance de los proyectos una vez iniciada su ejecución. También encontró mayores cantidades de obra, actividades no previstas e insuficiencias presupuestales.

Estas situaciones pueden generar incrementos en los costos inicialmente proyectados y extender los tiempos previstos para la entrega de las obras. El organismo considera que la falta de control oportuno puede afectar directamente la capacidad del Estado para garantizar infraestructura hospitalaria funcional.

La advertencia también apunta a la necesidad de mejorar la trazabilidad de los recursos. La Contraloría detectó diferencias entre las obras que finalmente fueron ejecutadas y los proyectos que habían sido viabilizados originalmente, lo que dificulta establecer con precisión cómo se utilizaron los recursos y si se cumplieron los objetivos planteados.

Minsalud deberá fortalecer seguimiento y control

La cifra de $10,18 billones pendientes por legalizar corresponde a transferencias y subvenciones condicionadas registradas por el Ministerio de Salud hasta el 30 de junio de 2026. Para la Contraloría, este volumen de recursos exige mecanismos más estrictos de seguimiento.

La entidad considera necesario que el Ministerio fortalezca los procesos de control sobre los proyectos financiados, especialmente en aquellos que presentan retrasos, suspensiones o modificaciones frente a lo inicialmente aprobado.

El análisis fiscal también plantea preocupaciones sobre la eficiencia con la que se están ejecutando los recursos destinados a infraestructura hospitalaria. Aunque entre 2022 y 2025 se asignaron sumas importantes para este tipo de proyectos, el porcentaje de recursos asociado a obras terminadas sigue siendo reducido.

La Contraloría insistió en que los problemas detectados no se limitan a la ejecución física de los proyectos. Las fallas en planeación, diseño, presupuesto y seguimiento también pueden tener consecuencias sobre la calidad y utilidad final de las obras.

Por esta razón, el organismo de control mantiene vigilancia sobre los proyectos incluidos en la muestra y sobre la forma en que el Ministerio de Salud administra las transferencias y subvenciones condicionadas.

La advertencia busca prevenir que los recursos públicos destinados a hospitales y servicios de salud terminen comprometidos por retrasos, sobrecostos o deficiencias administrativas. Para la Contraloría, mejorar la trazabilidad y la supervisión será clave para reducir el riesgo fiscal y garantizar que las inversiones cumplan con el propósito para el cual fueron asignadas.

El organismo también considera necesario que los controles permitan identificar con mayor rapidez las desviaciones de los proyectos, corregir fallas durante la ejecución y evitar que las deficiencias se acumulen hasta comprometer la entrega de las obras.