
El 29 de marzo se conoció que luego de que el Gobierno nacional entregó al Partido Conservador y al de la U el articulado completo de la reforma a la salud, las dos colectividades decidieron apartarse del proyecto y no apoyarlo más. Los primeros en tomar distancia fueron los conservadores, minutos después la U también anunció que tomará el mismo camino. Al parecer, el Gobierno nacional no habría tomado en cuenta las recomendaciones de los dos partidos.
La directora de la U, Dilian Francisca Toro, también anunció que su partido se levanta de la mesa de concertación, pues no vieron reflejados sus aportes. Y anunció que presentarán una ponencia alterna que incluya las propuestas de los demás partidos.

Así las cosas, sin el apoyo de los liberales, los conservadores y de la U, el Gobierno de Gustavo Petro la tiene difícil para sacar adelante la reforma, pues en la comisión séptima de la Cámara de Representantes, donde tendrá lugar el primer debate, la coalición oficialista solo tiene 9 de 21 votos.
Los liberales ya habían anunciado que no apoyarían el proyecto de reforma a la salud, el 27 de marzo. El partido dirigido por el expresidente César Gaviria informó que finalmente no se conciliaron las líneas que defiende, buscan la plena garantía del derecho fundamental a la salud y un sistema de salud que corrija sus problemas y no genere otros nuevos.
Según el documento, el negativa al apoyo al proyecto de ley se registra con base al fiel ideario liberal que busca y protagoniza los avances sociales más importantes de las últimas tres décadas.
Sobre la base de lo anterior, el expresidente Gaviria y dicho partido aseguraron que extendieron al Gobierno una enorme voluntad de llegar a consensos políticos sobre asuntos técnicos, por ejemplo, el adecuado diseño institucional que cualquier sistema de salud debe tener para el manejo del riesgo en salud de las personas y las comunidades.
Desde el comienzo de estas conversaciones, la posición de Gaviria y la del Partido Liberal fue la de fortalecer el aseguramiento sin destruir o limitar la participación del sector privado en pro del derecho fundamental a la salud y los objetivos sociales de Colombia, preservar la libertad de elección de las personas dentro del sistema y evitar la inadecuada gestión del riesgo financiero del sector salud con instrumentos que puedan favorecer la falta de transparencia o politización de los recursos públicos. Finalmente, advirtieron que lo que detonó la decisión de los rojos es que no se tuvieron en cuenta estas propuestas.
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