Tribunal de Justicia y Paz condenó a 25 exmiembros del Bloque Norte las Autodefensas Unidas de Colombia

Por medio de una macrosentencia conocida el martes 28 de marzo, un juez del tribunal de Justicia y Paz condenó a 25 exintegrantes del frente Pivijay del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que cometieron crímenes de lesa humanidad entre 1999 y 2000.

De acuerdo con el fallo proferido por el magistrado Gustavo Roa Avendaño, los exparamilitares fueron hallados responsables de 135 hechos entre los que destacaron, por su gran impacto dentro del conflicto armado, el desplazamiento masivo en el corregimiento Santa Rita, del municipio Remolino el 16 de octubre de 1999. Un mes antes, una incursión de ese grupo paramilitar llegaron a esa zona y asesinaron a Margarita Cabarcas Gutiérrez y a Andrés Avelino Pertúz, a quienes acusaron de ser “guerrilleros”.

Otro hecho que se tuvo en cuenta por Justicia y Paz fue la masacre y el desplazamiento de Nueva Venecia, perpetrados el 22 de noviembre de 2000 por cerca de 70 hombres que llegaron en seis lanchas hasta ese corregimiento ubicado en la Ciénaga Grande de Santa Marta; así como la masacre de Trojas de Cataca —que ocurrió el 10 de febrero de 2000 por parte de 50 paramilitares del Bloque Norte, siendo la primera masacre cometida en la Ciénaga Grande—, y la masacre de Guáimaro, el 18 de mayo del mismo año.

Este último hecho, al igual que la masacre de El Tapón, fueron los que dejaron el mayor número de víctimas en Bolívar, solo después de las perpetradas en El Salado —16 de febrero de 2000— y Macayepo —14 de octubre de 2000—, ambas regiones ubicadas en Carmen de Bolívar.

En ese sentido, el tribunal determinó las penas alternativas principales y accesorias de un máximo de ocho años de cárcel. De acuerdo con esta sección, las condenas atienden los pedidos de reparación integral de por lo menos ocho mil víctimas, directas e indirectas, de delitos de lesa humanidad como el desplazamiento forzado, la desaparición forzada y el homicidio.

La lectura de la sentencia se llevó a cabo en audiencia pública que inició en febrero de 2023 y de acuerdo con el Ministerio de Justicia, avanza en el apartado de las medidas de indemnización de las víctimas acreditadas “agotando hasta el momento los patrones de homicidio y avanza en el patrón de desplazamiento forzado”. En ese orden, son cerca de 1.300 folios los que han sido comunicados a quienes sufrieron afectaciones en los hechos mencionados y a sus familiares y cercanos.

Cabe mencionar que estos casos son incluidos en las investigaciones correspondientes al macrocaso 08 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), denominado ‘crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado’.

Al respecto, el tribunal que nació tras la firma del Acuerdo Final de Paz con las extintas FARC señaló que entre 2000 y 2009 se cometieron el 51% del total de acciones violentas por parte de los actores mencionados en el macrocaso. De igual manera, las pesquisas estarán concentradas no solo en masacres, sino también en homicidios, la tortura, la amenaza, el desplazamiento forzado, las detenciones arbitrarias y los casos de violencia sexual o por razones de género.

Asimismo, el proceso preliminar de contrastación judicial detalló que los crímenes atribuidos a la fuerza pública están distribuidos de la siguiente manera: 8.345 homicidios, 2.904 hechos de desplazamiento forzado, 1.638 actos de amenaza, 1.249 de tortura y 1.136 desapariciones forzadas. En ese orden, la jurisdicción especial indica que 15.710 personas fueron víctimas de crímenes atribuidos a agentes del Estado.

“El Gran Magdalena —Cesar-Guajira-Magdalena—; los Montes de María; el Ariari-Guayabero-Guaviare, Caguán y Florencia; Antioquia y el Magdalena Medio, son las cinco zonas priorizadas preliminarmente”, indicaron en la JEP.