
La Procuraduría General de la Nación informó que investigará irregularidades contractuales en el proyecto construcción de pavimento en la obra que comunica al corregimiento de San Lorenzo con Santa Rosa, en el municipio de Nóvita (Chocó). Su costo ascendió a los 10.594 millones de pesos y fue ejecutada por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD-PAZ).
El Ministerio Público abrió una investigación contra Álvaro Ávila Silva, secretario técnico de ese organismo y responsable de la aprobación del proyecto. La información fue publicada en el boletín 371- 2023 de la Procuraduría, que informó la apertura de la investigación, en la que se establecerá si existieron irregularidades contractuales y ordena la toma de pruebas.
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Las indagaciones preliminares señalan que Ávila Silva aprobó el contrato de obra civil sin considerar la verificación, ni el resultado del Índice de Gestión de Proyecto de Regalías (IGPR), documento que informa los requisitos de viabilidad exigidos por la ley, así como la capacidad de ejecutar proyectos de infraestructura.
Otro de los objetivos de la investigación es, determinar irregularidades en los procesos de postulación y designación al Fondo Mixto para la Promoción de Deportes, ejecutado por la fundación Desarrollo Integral y la Gestión Social, el Ministerio Público estudiará si la cifra fue apropiada o se presentaron insuficiencias en la ejecución.
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El ente de control esclarecerá si Ávila Silva vulneró los principios de selección, debido proceso, imparcialidad, igualdad y transparencia en la selección del contratista. Ya que las decisiones tomadas irían en contra vía de lo expuesto en el manual de contratación, donde se exigía que el fondo estuviera inscrito como aliado estratégico del contratante, lo que parece no sucedió.
Por último, la Procuraduría Segunda Distrital buscará evidencias de pagos con sobrecostes realizados al contratista, así como la presentación fuera de tiempos de lo fijado en el contrato que reposa en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).
Es importante recordar que los Ocad-Paz son órganos del Sistema General de Regalías (SGR) que se responsabilizan de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con recursos de regalías en los municipios impactados por el conflicto armado con las Farc.
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Son organismos encargados de contribuir a “la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. También es responsable de designar la entidad pública ejecutora de dichos proyectos y la instancia encargada de contratar la interventoría del mismo”. Esta entidad acciona en los 170 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).
En 2022 se confirmó que varios de los proyectos ejecutados por los Ocad-Paz presentaron irregularidades en la contratación y ejecución, siendo revelado un entramado de corrupción que involucraba actores locales, funcionarios de la Contraloría General de la Nación, del Gobierno nacional y del Partido Conservador.
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En diciembre de 2020, la Contraloría General de la República alertó sobre el riesgo que corren 115 proyectos en todo el país, que son financiados con recursos de Ocad-Paz. Los contratos presentan una serie de alertas que ponen en riesgo la ejecución de los mismos.
Con un valor total de 1.8 billones de pesos, avanza un especial seguimiento iniciado por el ente regulador en cabeza de su Unidad de Regalías. La región Caribe contaba con el mayor porcentaje de proyectos en riesgo con un 31%, seguido por Antioquia con 14% y Caquetá con 10%. Incluso, ocho de las obras en el departamento de Caquetá presentan alertas porque no se ha contratado la obra o avances financieros y físicos son del 0%
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