
La investigación que llevaba la Corte Suprema de Justicia en contra del actual embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti Villaneda –por supuestos intereses indebidos en la celebración de contratos y tráfico de influencias– pasará a manos de la Fiscalía General de la Nación, luego de que el máximo tribunal perdiera su competencia para llevar el caso, por cuenta del ‘fuero especial’ del que gozan los empleados de la rama ejecutiva.
Así logró determinarlo la Sala de Instrucción, tras recibir, en febrero, un recurso de nulidad de parte del exsenador, en el que solicitaba el cierre de su investigación, tras deja el Congreso.
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Benedetti y su entonces asesora en el Gobierno de Juan Manuel Santos, Elsy Mireya Pinzón, fueron acusados de haber ejercido “influencias indebidas” en la adjudicación de un contrato, que terminó siendo celebrado entre Fonade y la empresa Certicámaras S.A., el primero (1) de agosto del 2017. De acuerdo con Jorge Iván Henao, gerente de la Unidad de Desarrollo Territorial de Fonade entre el 2016 y el 2017.
Al entregarse a las autoridades en agosto de 2018, firmó un principio de oportunidad, aceptó cargos y, con su testimonio, y algunas pruebas de más salpicó al embajador, su exasesora y otras cuatro personas. Entre sus revelaciones dijo haber conocido a Benedetti en 2016 y sostener una pequeña reunión en la que, el entonces presidente del partido de Gobierno le habría dicho que tenía una empresa “buena” y le pidió que buscara cómo “se le podía ayudar” desde Fonade.
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Henao, cuyo principio de oportunidad fue renovado el 3 de agosto del 2022 quedó en libertad porque se cumplió el tiempo de la medida de detención preventiva. Sin embargo, desde entonces, ha seguido colaborando con la investigación, entregando toda la información que conoce sobre el caso.
“Nosotros estamos a cargo de la defensa (de Benedetti) en la corte, por esto haciendo uso de una petición de nulidad provocaremos que se adopte una decisión unificada. Que investigue la corte o que investigue la Fiscalía”, señaló entonces el abogado Mauricio Pava, que representa al embajador.
Y añadió: “El envío de algunos casos a la fiscalía no ha sido por petición de la defensa lo fue por iniciativa de la corte. El embajador siempre ha comparecido donde la corte lo determine”, en una entrevista concedida a la W Radio, en febrero.
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En julio del 2022, la Corte Suprema de Justicia, desde el despacho de la magistrada Cristina Lombana, emitió la citación para que Armando Benedetti compareciera ante los estrados. “Tras abrir investigación en su contra, la Corte Suprema de Justicia dispone vincular mediante indagatoria al senador Armando Benedetti a proceso penal por presuntos intereses indebidos en contratos y tráfico de influencias, relacionados con hechos de Fonade”, señaló el alto tribunal.
Sin embargo, desde que llegó al cargo, Benedetti había dado a entender que no asistiría a sus citaciones antes la magistrada, debido a que estaba cumpliendo su labor diplomática ante el régimen de Nicolás Maduro, con la venia del Gobierno nacional.
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La solicitud del embajador colombiano en Venezuela se dio a escasos ocho días de que tuviera que asistir ante el alto tribunal para declarar sobre los hechos que le vienen siendo sindicados desde hace algún tiempo. En ella, argumentaba que, como ahora es miembro del Ejecutivo, al asumir un rol diplomático, como lo es representar al país en el exterior, la Corte Suprema debía cerrar la investigación en su contra, o remitirla a la Fiscalía. Por lo que, la investigación quedará en manos de esta última y solo volverá a abrirse un juicio en el máximo tribunal, en caso de llegue a ser acusado.
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