Aunque sin mencionar de forma directa a la Procuraduría, el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, en la noche del lunes 6 de marzo reaccionó en su cuenta de Twitter al llamado a indagatoria desde ese ente de control a los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Alfonso Prada, por el manejo que le dieron a la protesta en San Vicente del Caguán (Caquetá) donde perdieron la vida un civil, un policía y fueron retenidos 78 uniformados por un grupo de miles de campesinos.
“Hace unos años una operación militar a través del bombardeo mató civiles en el Putumayo. ¿Que es lo que quieren hoy algunos entes públicos?: Que el ejército entrara disparando a una manifestación de 7.000 campesinos del Guaviare, la Macarena, el Putumayo y Caquetá en el Caguán? (sic)”, expresó.
El jefe de Estado reiteró en su publicación que en su administración se respeta el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y se privilegiará a la resolución pacífica de conflictos.
“Este gobierno respeta el DIH, otra políticas de seguridad basadas en la sangre del pasado no son las nuestras. Nosotros dialogamos con la sociedad para proteger la vida. Desde las oficinas de Bogotá es fácil ordenar la muerte. Nuestros ministros y militares actuaron correctamente”, agregó.
La Procuraduría General de la Nación anunció que indagará si los ministros cometieron faltas disciplinarias sobre la forma en que los mencionados funcionarios del Ejecutivo atendieron la protesta en la planta de la petrolera Emerald Energy en Los Pozos, donde los manifestantes exigían entre otras demandas, que pavimentaran los 42 kilómetros de la vía que conduce de San Vicente a Las Delicias.
De acuerdo con la Procuraduría, la Sala Disciplinaria de Instrucción encontró que “si bien es cierto se hace expresa referencia al actuar de dos funcionarios concretos, Alfonso Prada e Iván Velásquez, como ministros del Interior y de Defensa Nacional, respectivamente, como servidores que habrían podido incurrir en conductas de posible relevancia disciplinaria, no es menos cierto que existe una indeterminación fáctica que se torna necesario precisar a partir de la indagación previa que, como se indicó, prevé, entre otros, este tipo de finalidades”.
Sobre estos hechos el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien estuvo reunido con los campesinos y las organizaciones durante tres días, junto a otros miembros del Gobierno, señaló que no conocía los tratos que habían tenido que soportar los uniformados durante las más de 30 horas en las que se les impidió su movilización, después de haber llegado al sector para contener los ataques a la planta de Emerald Energy.
“Quiero expresarle mi solidaridad a los 78 miembros de la Policía, no conocía de esos detalles. Obviamente desde aquí quiero, a nombre del presidente y del Gobierno, rechazar la humillación a que fue sometida nuestra Policía. No es aceptable bajo ninguna circunstancia que ningún policía, pero tampoco ningún colombiano, sea sometido a humillaciones, tratos crueles o degradantes. Lo prohíbe expresamente la Constitución y quiero rechazar plenamente ese comportamiento y ser solidario con nuestros policías”, sostuvo el portavoz oficial.
El viernes 3 de marzo el ente de control también había abierto una indagación previa contra funcionarios de la Policía para determinar si faltaron apoyos a otros miembros de la institución que intentaban controlar la situación de orden público durante la mencionada protesta.
La Delegada Disciplinaria de Instrucción para la fuerza púbica sostuvo que por los enfrentamientos que hubo entre campesinos “se solicitó respaldo en diversas comunicaciones radiales, el cual no habría sido brindado, por lo que pudo facilitarse la retención de varios hombres e incluso los hechos que produjeron el deceso de dos de ellos”.
Para el Ministerio Público es “necesario despejar la duda acerca de quién o quiénes podrían ser los funcionarios comprometidos” y solicitó “practicar pruebas contundentes” para identificar a los mismos y esclarecer si se actuó “al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
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