En un comunicado emitido el 26 de febrero de 2023, la Procuraduría General de la Nación indicó que formuló pliego de cargos contra Tufith Segundo Hatum Arias, alcalde del municipio de Aracataca en el departamento de Magdalena entre los años 2012 y 2015, por el presunto pago de una cuenta de cobro por más de 24 millones de pesos sin que se mediara algún contrato escrito, soportes de cumplimiento o acta de terminación.
Además, la Procuraduría también formuló pliego de cargos contra Jacobo Lara Vega, quien sirvió como secretario administrativo y financiero del municipio durante el mismo período (2012 - 2015).
De este modo, el ente de control aseguró que el dinero habría sido pagado a la fundación El Nuevo Amanecer de los Niños de Macondo, como contraprestación por una asesoría en la promoción y prevención de la seguridad, convivencia y seguridad ciudadana.
Asimismo, en la remisión del caso que generó la apertura de esta acción disciplinaria, la contraloría departamental reportó que como soportes de la mencionada contratación solo existen una orden de pago y copia del cheque con el que se canceló el supuesto servicio prestado.
Por otro lado, la Procuraduría General calificó estas faltas, provisionalmente, como graves a título de culpa grave.
Otra denuncia de la Procuraduría
Cabe recordar que desde hace un tiempo las cámaras de seguridad de San Andrés no están funcionando correctamente y viene presentando problemas. Un porcentaje importante de cámaras está fuera de servicio, según han reportado la Policía de ese departamento y otras entidades.
Por esto, recientemente la Procuraduría General de la Nación se pronunció al respecto, debido a la gravedad de este asunto que estaría aportando a la inseguridad y delincuencia.
El Ministerio Público, a través de un comunicado remitido al gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Hawkins Soogren, solicitó efectuar el mantenimiento y poner en funcionamiento las cámaras de seguridad públicas que son monitoreadas desde el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA).
De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, hasta el momento son al menos 17 cámaras de videovigilancia que están fuera de servicio. Es de recordar que en toda la isla hay 121 instaladas y según el órgano de control, el 100% requiere mantenimiento en la actualidad.
Así mismo, el Ministerio Público recordó que el comando de Policía de San Andrés ya había hecho este mismo requerimiento en varias ocasiones. Lo anterior, debido a que es necesario tener en operación la totalidad de las cámaras de seguridad, para poder vigilar de manera óptima lo que ocurre en la isla.
En el documento que envió a la gobernación del archipiélago, la Procuraduría enfatizó en que se requiere, con urgencia, la implementación de mecanismos para prevenir la criminalidad, o en su defecto, contar con elementos tecnológicos que sirvan como prueba para la judicialización de las conductas criminales que se presentan en la isla.
El organismo resaltó que en el uso de cámaras de seguridad es una herramienta muy importante en la lucha contra la criminalidad. Estos sistemas, según enfatizó el Ministerio, son efectivos para identificar y capturar a los responsables de distintos delitos.
El organismo de control instó al gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a responder en el menor tiempo posible a este requerimiento.
De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, Everth Hawkins Soogren tendrá solo tres días, desde que reciba la carta, para entregar información detallada acerca del sistema en mención.
El Ministerio Público le solicitó al mandatario departamental entregar un informe pormenorizado sobre las acciones adelantadas por la gobernación para atender los requerimientos de la Procuraduría en materia de seguridad.
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