
El proyecto de ley que proponen desde el Instituto Anticorrupción y en la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), con el que se pretende crear una Sala Transitoria Anticorrupción en la Corte Suprema de Justicia, fue rechazada contundentemente por el alto tribunal y por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, luego de que se conociera de esa iniciativa el jueves 23 de febrero.
A través de un comunicado, la Corte señaló que ese articulado buscaba de fondo cambiar la institucionalidad y era lesiva para la democracia.
“La Corte Suprema de Justicia se opone a cualquier tentativa de modificación de las instituciones nacionales que ponga en peligro las reglas de la democracia que durante más de 120 años ha defendido hasta con el sacrificio de sus propios magistrados (sic)”, encabezaron la misiva.
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Señalaron que desde ese alto tribunal han dado resultados y han sido efectivos para brindar justicia en los casos de corrupción que les han llegado.
“En cabeza de jueces y fiscales, con el valioso aporte del Ministerio Público, la Rama Judicial ha actuado contra organizaciones criminales, permanentes u ocasionales, y delincuencias unitarias que han defraudado los bienes públicos. A miles de actores de los más diversos delitos se les ha atribuido responsabilidad penal o disciplinaria con el uso de herramientas jurídicas que han logrado la recuperación de dineros públicos y la reparación de los daños (sic)”, recordaron desde el Alto Tribunal.
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Aunque reconocieron que apoyarían las iniciativas que les brinde herramientas para evitar la impunidad en los casos de corrupción en el país, no aplicaba para este caso.
“Cualquier modificación legal que dignifique al servidor judicial, dotándolo de mejores herramientas institucionales para la lucha contra la corrupción, dentro de las reglas del ordenamiento constitucional de la democracia nacional, es bienvenida mientras no avasalle la tradición jurídica nacional, las garantías debidas a las partes ni los derechos a verdad, justicia y reparación de las víctimas (sic)”, concluyeron el comunicado.
Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, publicó un hilo de Twitter en el que explicaba porque tampoco apoyarán ese proyecto de ley.
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“La lucha contra la corrupción está en el núcleo de las preocupaciones del #GobiernoDelCambio. Estamos conscientes de que en esta materia hay enormes desafíos y urgencia de actuar, pero la adición de una sala a la Corte Suprema no parece una buena medida en ese sentido (sic)”, trinó.
Añadió que con la creación de un organismo de esa naturaleza en el alto tribunal, provocaría un caos en el interior de la Corte con graves consecuencias.
“Una sala transitoria (enorme pero provisional) en la Corte Suprema acarrearía el riesgo de desarticular su funcionamiento, enredar los procedimientos y garantías vigente y debilitar las investigaciones y procesos en curso”, analizó.
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Osuna recordó que por otro lado, este tipo de iniciativas tienen un largo tramite en el Congreso que tomaría años para implementar en la Corte.
“Una sala transitoria (enorme pero provisional) en la Corte Suprema acarrearía el riesgo de desarticular su funcionamiento, enredar los procedimientos y garantías vigente y debilitar las investigaciones y procesos en curso”, agregó.
Sin embargo, señaló que lo que se debe buscar es fortalecer a los mecanismos y organismos con los que se combate este flagelo.
“La lucha contra la corrupción nos debe llevar a fortalecer las instituciones judiciales existentes y a dotarlas de herramientas más eficaces, que les permitan resolver más casos de corrupción con severidad y prontitud”, concluyó.
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Al hilo de Twitter del ministro Osuna reaccionó la misma Corte Constitucional: “(Se) comparte la determinación del Gobierno Nacional de no apoyar iniciativas que desconozcan la autonomía e independencia judicial, así como los resultados y solidez de las instituciones nacionales”.
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