
El proyecto de Paz Total, liderado por el Gobierno nacional y que se encuentra en manos de Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, ha venido avanzando desde diferentes frentes. Por un lado, se han venido avanzando los acuerdos de paz con la guerrilla del ELN; y por otro, se ha creado la ley de sometimiento que ha venido ajustándose en los últimos días.
Sin embargo, existe una duda que se han venido haciendo varios sectores y que, parece ser, que aún no se tiene una respuesta concreta; y es: ¿Qué sucederá con los grupos residuales de las extintas Farc? Pues, algunas personas del Gobierno y la política aseguran que debería respetárseles la connotación política que tenían cuando aún existía a guerrilla que funcionó por 60 años y existen otros colectivos políticos, que señalan que en estos casos deberían ser procesados junto con bandas criminales y grupos narcotraficantes mediante la ley de sometimiento.
En este sentido, la presidencia sacó en los últimos días un concepto que hacía la diferenciación entre disidentes y desertores, dando a entender que unos grupos, lo que nunca firmaron el acuerdo del 2016, podrían iniciar diálogos, y en el caso de los que abandonaron su compromiso, tendrían que acogerse a un proceso por justicia ordinaria. Es decir, en el caso puntual de Iván Márquez y su grupo la Segunda Marquetalia no harían parte de mesas de diálogo.
Sin embargo, en entrevista con la agencia Reuters, Danilo Rueda dio a conocer qué contrario a lo anterior, desde el Gobierno se han llevado a cabo dos reuniones con el exguerrillero y que ha demostrado en esos espacios voluntad de paz dentro de mesas de negociaciones.
Sumado, aseguró que pese a lo señalado en estos días, se comenzarán conversaciones de forma oficial con los dos grupos de disidentes más grandes, el Estado Mayor Central de las Farc y otra la Segunda Marquetalia.
Sobre este último tema hay que recordar que ha sido una constante puja entre el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación, incluso, en los últimos días el fiscal Francisco Barbosa mediante una misiva le pidió explicaciones a la administración nacional.
“Una vez allegada la mencionada solicitud, la Fiscalía General de la Nación requirió al alto comisionado para la Paz para que informara si las personas reconocidas como miembros-representantes del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc-Ep fueron certificadas o no como miembros de la extinta guerrilla de las Farc-Ep, en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del conflicto armado y la consolidación de una paz estable y duradera”, precisó el organismo de control fiscal en su misiva.
De igual manera, ese documento expuso que el funcionario del Gobierno nacional argumentó esta petición en la resolución 0014 del 9 de febrero de 2023 suscrita por el presidente de la República y en la cual afirmó que el Estado Mayor Central de las Farc es una estructura que decidió no cumplir lo pactado en La Habana, motivo por el cual 20 integrantes de esa estructura fueron reconocidos como delegados de la misma para participar en los acercamientos exploratorios contemplados dentro de la ‘paz total’.
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