El pasado lunes 20 de febrero, el juzgado 61 de Conocimiento de Bogotá decidió conceder la libertad a las cinco personas investigadas por el atentado que ocurrió en la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional el pasado 17 de enero de 2019 y que dejó un trágico saldo de 22 uniformados muertos y 89 personas heridas.
El vencimiento de términos fue la razón para que Angie Lorena Solano Cortés, Andrés Felipe Oviedo Espinel, Miguel Antonio Castillo Rodríguez, Carlos Arturo Marín Ríos y Jessica Catherine Barrientos Castilla retomaran su libertad, precisamente el juez de Conocimiento resaltó que los presuntos implicados del atentado ya habían superado los 527 días para tener un juicio en su contra.
La decisión del juzgado 61 de Conocimiento en Bogotá, fue cuestionada por la oposición que señalaron como un error de la justicia nacional. Una de las personas que cuestionaron el hecho fue el excandidato presidencial y director del Movimiento de Salvación Enrique Gómez, quien calificó la decisión como una burla a las víctimas.
Por su parte una de las cabezas más visibles y también una de las voces más polémicas de la oposición, María Fernanda Cabal. La congresista del Centro Democrático indicó que “ningún terrorista merece libertad”, además de resaltar: “es una vergüenza que por vencimiento de términos queden en libertad los procesados por el ataque terrorista del ELN a la Escuela General Santander. Deben entender que sin justicia jamás habrá paz. No más insultos a la memoria de nuestros héroes”.
Otro de los miembros de la bancada uribista, el representante a la cámara del Centro Democrático Óscar Villamizar enfatizó que el sistema judicial colombiano en varios aspectos “queda debiendo la justicia”.
Desde el Valle del Cauca el también representante uribista Cristhian Garcés, criticó la libertad a los acusados y señaló: “esta es la ruta de impunidad del gobierno de Gustavo Petro”.
Cabe señalar que solo hay una persona en detención intramural y sentenciada por este atentado terrorista que se adjudicó el ELN (Ejército de Liberación Nacional): se trata de Ricardo Andrés Carvajal, quien se encuentra pagando una pena de 46 años desde mayo de 2022.
A Carvajal se le sentenció por los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y daño en bien ajeno agravado.
Sobre las personas liberadas les era sindicado los delitos de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, tentativa de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, terrorismo, financiamiento al terrorismo.
Después del atentado, las familias de 6 de las victimas demandaron al Estado colombiano por 8.000 millones de pesos, argumentando que la Escuela debía garantizar la seguridad de los cadetes que se preparaban para convertirse en oficiales.
Pese a esto, las audiencias, alegatos y demás procesos administrativos continúan y los expertos dicen que podrían pasar hasta 20 años, en el peor de los escenarios.
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