Gustavo Petro y Francisco Barbosa se reunieron nuevamente para discutir la Ley de sometimiento

El presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa volvieron a reunirse para hablar acerca del proyecto de Ley de sometimiento con el que se busca desarticular las bandas delincuenciales del país. Un punto clave en la política de Paz Total a la que el jefe del ente investigador ha formulado varias críticas.

Ese proyecto es la pieza que falta para consolidar los acercamientos entre el Gobierno y grupos como el Clan del Golfo o las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, así como las estructuras de alto impacto de ciudades como Medellín, Quibdó, Cali, entre otras.

El proyecto establece las condiciones y beneficios sobre las cuales los miembros de estas organizaciones, sin reconocimiento político, pueden pagar sus condenas a cambio de renunciar a la violencia. Con esa ley, que ya fue presentada al Congreso, podría darse un impulso más en los acercamientos que sostiene la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Barbosa estuvo reunido con su equipo de trabajo durante el fin de semana, según pudieron establecer medios de comunicación, para analizar el texto presentado por el Gobierno. Tras esa lectura, el jefe del ente acusador concluyó varias preocupaciones que le planteará directamente al presidente Petro.

El fiscal general estaría preocupado por el papel de la Fiscalía en la Ley. Por ejemplo, de acuerdo con la revista Semana, en la norma se contempla quitarle esa función y dejarla a cargo de la Unidad de Investigación de la Fiscalía que es elegida por la Jurisdicción Especial para la Paz.

El mismo fiscal se ha opuesto a suspender órdenes de captura contra personas solicitadas en extradición de las bandas sin reconocimiento político, es decir narcotraficantes. Incluso, se negó a conceder 16 de esas solicitudes de miembros del Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra para adelantar los acercamientos con el Gobierno.

En ese sentido, Barbosa también pediría claridades sobre la diferenciación de las penas, pues el proyecto contempla penas entre 6 y 8 años sin importar los delitos, para quienes se sometan a la justicia y se comprometan a las acciones restaurativas y de reparación que se contemplan. Según Danilo Rueda, comisionado de Paz, se basaron en la ley de Justicia y Paz que implementó el gobierno de Álvaro Uribe, dijo a El Tiempo.

El fiscal general también ha manifestado su preocupación por los posibles ceses al fuego con grupos narcotraficantes, que fue uno de los reparos a la Paz Total que elevó desde Washington, donde la comparó con haber cesado acciones en la década de 1980 contra Pablo Escobar o el Cartel de Cali.

Barbosa busca que no se establezcan acuerdos políticos con los grupos criminales, es decir que se deje claramente definido qué grupos serán reconocidos como actores rebeldes y cuáles delincuenciales, que deberán tener tratamientos diferentes.

El alto comisionado Rueda expresó a la Comisión de Paz del Congreso que se busca un proyecto “lo más consensuado posible, que pasa por supuesto en discusión con el señor fiscal general de la Nación y los responsables de la política criminal del Estado”.

“Si logramos sortear algunos asuntos propios de la autonomía de poderes, con el ejercicio que viene adelantando el fiscal general de la nación, se ser muy riguroso en la comprensión de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de paz, podríamos decir que llegamos a un escenario dialógico que nos permite avanzar en los escenarios de compromisos verificables de los avances de salidas, muy concretas, en lo jurídico y lo político que permitan el tránsito simultáneo de varios grupos al Estado de derecho”, sostuvo el comisionado.

Aseguró que con el actual ordenamiento penal, la aprobación del proyecto del Congreso, se podrá avanzar en resultados que serían visibles a finales del años 2024 con la desmovilización de varias estructuras que actualmente se encuentran en fase de acercamiento.

Parte de estas fases de los últimos seis meses se han centrado en acuerdos como suspender la tortura, desaparición, asesinatos y evitar las confrontaciones con actores armados en disputa y con la fuerza pública, así como reducir las afectaciones al medio ambiente, por parte de las estructuras.

Rueda señaló que el inicio de los acercamientos se basa en la construcción de confianza, por los hechos producidos en pasados acercamientos. Pero están próximos a establecer fases dialógicas en varios territorios como en Medellín, donde 12 grupos armados ya manifestaron su voluntad de avanzar a esa fase.

El alto comisionado señaló que, por ejemplo, el Clan del Golfo tenía alrededor de 2.500 hombres en 2018, cuando manifestó la voluntad de desmovilizarse en el gobierno de Juan Manuel Santos, y actualmente tiene entre 6.000 y 12.000 hombres, según la cifras de la Oficina de Rueda y las declaraciones del mismo grupo armado.

“Volvemos a las viejas fórmulas de siempre, cómo sacamos este país adelante. O dejamos que eso siga creciendo, dominando en medio de nuestra formalidad de Estado derecho. Pueden crecer porque tienen muchísimos recursos”, advirtió el Comisionado.