Trata de personas y microtráfico persisten en las fronteras de Cúcuta y Tapón del Darién: Procuraduría

El 19 de febrero, la Procuraduría General de la Nación publicó un informe sobre la situación de la población migrante en el Tapón del Darién y Cúcuta. En el documento, el Ministerio Público advirtió que persisten problemáticas en esas fronteras como la trata de personas, la xenofobia, la explotación sexual y laboral de menores de edad, el microtráfico y el abandono estatal.

De acuerdo con cifras de Migración Colombia, la población migrante internacional —conocida como los caminantes— suman al menos 2,7 millones de personas. En su mayor parte, son personas de origen venezolano, aunque también hay procedentes de Haití, Cuba, Afganistán, entre otros.

El organismo de control empezó a monitorear la situación desde principios de 2021, a través de su delegada para los Derechos Humanos y las procuradurías regionales y provisionales. Esto con el fin de “identificar necesidades de protección internacional, riesgos contra sus vidas y dificultades de acceso a servicios”.

En el documento, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos emitió 48 recomendaciones a 12 entidades de orden nacional, departamental y municipal, para solucionar la problemática en dos regiones fronterizas: Cúcuta y el Tapón del Darién.

Cúcuta, la frontera con Venezuela

Con corte de septiembre de 2022, Migración Colombia detalló que diariamente ingresan al país al menos 23.000 venezolanos por los tres puentes fronterizos de Norte de Santander. De hecho, la frontera entre ambos países se extiende por al menos 500 kilómetros en el departamento y hay distintas razones por la que los caminantes deciden llegar al país.

“Muchos viven en Venezuela, pero estudian y trabajan en Colombia”, precisó la Procuraduría. Otros hacen parte del éxodo de ciudadanos que busca una mejor vida y oportunidades en Colombia o están de paso por el país para llegar a otros lugares. “Cerca del 25% se encuentran en situación migratoria irregular”, agregó.

En septiembre del año pasado, Colombia y Venezuela decidieron restablecer las relaciones binacionales y reabrieron las fronteras tras siete años de cierre. En ese momento, el Ministerio Público realizó una visita en el Centro de Atención Sanitario Transitorio (CAS), ubicado en Los Patios —un municipio cercano a Cúcuta— donde constató las problemáticas en derechos humanos de la población.

En el CAS, se atendían diariamente al menos 200 migrantes bajo la coordinación de la Secretaría departamental de Fronteras, junto con el apoyo de entidades estatales y organismos internacionales. Allí se le da prioridad a “adultos mayores, mujeres gestantes y lactantes, personas en condición de discapacidad y familias con niños”, puntualizó la entidad.

Esas personas reciben alojamiento durante 72 horas: “se les brindaba alimentación, atención psicosocial y en salud, asesoría legal frente a su situación migratoria y transporte humanitario”. Todos esos beneficios le ayudaban a los caminantes a continuar su camino hasta las afueras del departamento.

“El CAS se había consolidado como una solución efectiva a problemáticas como explotación laboral, trata de menores de edad, xenofobia, esclavitud sexual”, resaltó el organismo de control; sin embargo, el lugar actualmente está siendo desmotado.

La procuradora Margarita Cabello denunció públicamente los riesgos que eso conllevaba y convocó a la institucionalidad para que se mantenga el centro en funcionamiento o que mitigara los efectos causados por su cierre; sin embargo, el CAS dejará de existir.

Tapón del Darién, una selva de ilegalidad

En el caso del Tapón del Darién —el límite natural entre Colombia y Panamá, rumbo a Estados Unidos—, cerca de 160.000 personas atravesaron las 575.000 hectáreas de esa selva en 2022. “Los encuentros con serpientes venenosas, pumas y caimanes que allí habitan fueron el menor de sus problemas”, manifestó el organismo de control.

La verdadera amenaza que afrontan los caminantes son los grupos armados ilegales al margen de la ley. De acuerdo con el Ministerio Público, las mafias controlan el tránsito de migrantes y ejercen distintos tipos de violencias contra ellos: “la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, incluida la mano de obra infantil, mendicidad y trabajo doméstico”.

La Procuraduría estableció que en los municipios del Urabá antioqueño y chocoano han llegado a permanecer familias con niños hasta por 10 días en condiciones que vulneran sus derechos humanos. No cuentan con “recursos económicos, salud o alimentación, por lo que se han multiplicado los cuadros de desnutrición entre los menores de edad”, sostuvo.

Por otra parte, las compañías privadas de transporte fluvial cobran “tarifas exorbitantes a los migrantes por los trayectos que deben recorrer hasta la frontera”. En esos procesos, se generó una situación de salubridad pública debido a la falta de condiciones para preparar sus alimentos, asearse y tener los cuidados mínimos con su salud.