En atención a múltiples denuncias recibidas por parte de la ciudadanía y varias organizaciones sociales, la Fiscalía General de la Nación dispuso de un equipo de delegados ante la Corte Suprema de Justicia y de un grupo especializado de policía judicial para verificar posibles actos de corrupción en distintos contratos realizados en el departamento de Magdalena, entre 2013 y 2019.
En ese sentido, en el denominado ‘Robo de Magdalena’, la Fiscalía obtuvo abundante material de prueba y evidencia física que dan cuenta de que en ese departamento habrían sido falseados, por lo menos, cinco procesos de contratación que superan los 450 mil millones de pesos.
Asimismo, la entidad identificó diversas irregularidades administrativas, incumplimientos en la ejecución de obras civiles y de infraestructura; así como sobrecostos o desembolsos injustificados por más de 74 mil millones de pesos, que corresponden a recursos públicos que se perdieron o quedaron en manos de terceros.
Ante esta situación, considerada como una de las mayores evidencias de corrupción y desviación ilegal de dineros en Magdalena, la Fiscalía solicitará ante la Judicatura,audiencias de imputación. Una contra el exgobernador Luis Miguel Cotes Habeych, dos más contra la exgobernadora Rosa Cotes de Zúñiga y tres en contra del exalcalde de Santa Marta y actual gobernador del departamento Carlos Eduardo Caicedo Omar.
“El 4 de octubre de 2013, Luis Miguel Cotes, en su condición de gobernador, realizó un contrato para el mejoramiento de la ‘vía de la prosperidad’ por un valor superior a 432 mil millones de pesos, en medio de lo que serían incrementos patrimoniales sin sustento y posibles anomalías en los estudios previos y la estructuración del presupuesto. Posteriormente, la sucesora, Rosa Cotes de Zúñiga, celebró varias adiciones al contrato original entre septiembre de 2017 y octubre de 2019, que significaron más recursos para el constructor”, aseguró la fiscalía en un comunicado.
Además, Rosa Cotes, gobernadora de Magdalena para el periodo 2016 – 2019, hizo tres contratos, de manera directa y sin concurso de mérito, para la implementación de las normas internacionales de contabilidad, por valor de 1.023 millones de pesos.
Por lo anterior, los dos exmandatarios de Magdalena serán imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, ambas conductas agravadas.
Por otra parte, el ente de control señaló que “fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia encontraron mérito suficiente para presentar ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá al exalcalde de Santa Marta y actual gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar, para que responda a las solicitudes de audiencias de formulación de imputación y de imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia, por tres eventos distintos en los que quedó al descubierto un presunto peculado que se acerca a los 1.670 millones de pesos”.
Para la Fiscalía, la medida de aseguramiento es necesaria para conjurar el riesgo de reiteración de conductas similares, en el entendido de que Carlos Caicedo es gobernador actual y, por tanto, jefe administrativo y contractual, y principal ordenador del gasto público.
Esto ante las posibles falsedades documentales y varias inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato de obra del 30 de diciembre de 2014, que contempló la construcción de una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino.
En la investigación se determinó que el proyecto fijó un valor inicial de 10 mil millones de pesos, pero recibió adiciones por encima de los 5.000 millones de pesos. Asimismo, se estableció que el plazo previsto de cinco meses se amplió a tres años, en donde hubo sobrecostos y, transcurridos más de siete años, el escenario no ha sido entregado y se encontraría en deterioro e inutilización.
Por estos hechos, el exalcalde y actual gobernador de Magdalena será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravada.
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