OPA por Nutresa: Fiscalía citó a cinco funcionarios por posibles actos de corrupción judicial

La Fiscalía General de Nación citó a cinco funcionarios judiciales en el marco de las investigaciones por posibles irregularidades en el reparto de las demandas civiles que presentó el Grupo Sura y el Grupo Argos, en el proceso de oferta pública (OPA) para adquirir las acciones del Grupo Nutresa. Se trata del juez 5 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín (Antioquia), tres auxiliares administrativos y un profesional universitario.

Todo comenzó en noviembre de 2022, cuando la Fiscalía recibió dos denuncias penales de parte del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) en contra de los procedimientos surtidos durante OPA con la que el conglomerado árabe IHC, en asociación con el Grupo Gilinski, pretendían hacerse con el control de la compañía de alimentos.

La investigación fue adelantada por un equipo interdisciplinario de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que tras un análisis financiero, contable e informático forense de distintos documentos de las demandas civiles interpuestas por el Grupo Sura y el Grupo Argos decidió llamar a los siguientes funcionarios a declaratoria:

• Rafael Antonio Matos Rodelo: Juez 5 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín.
• Mateo Florez Echeverry, auxiliar administrativo de la Oficina Judicial de Medellín.
• Daniela Diaz Muñoz, auxiliar administrativo de la Oficina Judicial de Medellín.
• Carlos Andrés Alvarez Zuluaga, profesional universitario también de la Oficina Judicial de Medellín.

La investigación se originó por la denuncia del abogado Andrés Garzón Roa, que advirtió que hubo irregularidades en el reparto y en la imposición de medidas cautelares en medio de las dos demandas que el Grupo Sura y el Grupo Argos interpusieron contra María Ximena Lombana Villalba, Ángela María Tafur Domínguez y Andrés Bernal Correa (integrantes de la junta directiva del Grupo Sura).

Según el abogado Garzón Roa, las demandas fueron asignadas extrañamente rápido al juzgado quinto Civil del Circuito de Medellín, más precisamente al juez Rafael Antonio Matos Rodelo, que emitió el 17 de noviembre (un día después de que fueran interpuestas las demandas) autos en los que admitía las demandas por fuera del horario que estableció desde hace años el Consejo Superior de la Judicatura.

También, ese mismo día emitió un auto decretando medidas cautelares en las que ordenaba al representante legal del Grupo Sura de abstenerse de aplicar las órdenes de su junta directiva de la misma, por estar demandados. Este auto se publicó en el Sistema de Información de la Superintendencia Financiera de Colombia, específicamente a las 9:51p. m., completamente fuera de los tiempos establecidos.

Lo mismo pasó con el proceso del Grupo Argos, cuya demanda también fue admitida por fuera de la hora de atención de los juzgados, y casualmente le fue asignada al juez Matos Rodelo.

El 6 de diciembre el juzgado 10 del Circuito Civil de Medellín dejó en firme medidas cautelares sobre la Junta Directiva de Sura que les impidieron tomar decisiones en torno a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que había iniciado el conglomerado árabe International Holding Company (IHC) por Nutresa. De igual forma, ratificó que la decisión que habían tomado aquellos integrantes respecto la mencionada OPA no tiene efecto.

La junta directiva de Sura fue notificada de que el juzgado había interpuesto medidas cautelares en contra de Lombana, Tafur y Bernal Correa como resultado de una acción popular interpuesta por Diego Patiño Moreno. Por eso, estos tres miembros interpusieron un recurso de reposición, que fue negado por el juez. En consecuencia, el juzgado remitirá el expediente del proceso al Tribunal Superior de Medellín para surtir el trámite correspondiente al recurso de apelación contra el auto que decretó las medidas cautelares.

Se aclaró además que estas medidas cautelares siguen en firme, en tanto no se conozca la decisión respecto al recurso de apelación, el cual fue concedido con efectos devolutivos.