Sobre la tarde del martes 7 de febrero, autoridades distritales reportaron varias manifestaciones sobre la avenida Circunvalar, cerca a la sede de La Macarena de la Universidad Distrital.
De acuerdo con primeros reportes de la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito y Transporte, varios manifestantes encapuchados bloquearon la vía. De igual manera, se reportó que han detonado varias papas bomba haciendo que esa vía esté cerrada a la altura de la Calle 26.
Por ello, autoridades recomendaron que los conductores tomen vías alternas, como la avenida Caracas hacia el norte de la ciudad o la calle 19 al occidente, así como la carrera Séptima. Sobre las 3:50 de la tarde, Tránsito Bogotá emitió un reporte de actualización en el cual dio a conocer la permanencia de la protesta. También señaló la presencia de autoridades en la zona debido a las detonaciones y las obstrucciones a la vía.
A las 5:20 de la tarde, la entidad comunicó en un segundo balance que los cerca de 50 manifestantes que estaban muy cerca a la institución educativa, se retiraron de la vía. En ese sentido, no se presentaron enfrentamientos con la fuerza pública y tampoco se presentaron nuevos hechos de protesta en este sector de la ciudad.
“Unidades del grupo guía, monitorean las condiciones de movilidad a lo largo del corredor”, señaló Tránsito Bogotá a través de su cuenta de Twitter. Vale mencionar que esta protesta tendría relación con las inconformidades que tienen algunos estudiantes con la actual rectoría de la universidad.
Los problemas que habría en la Universidad Distrital
De acuerdo con estudiantes de la institución en redes sociales, la facultad de Ciencias y Matemáticas entró en paro indefinido el martes 7 de febrero. Al respecto, algunos han argumentado abandono por parte del Gobierno nacional y la administración distrital, pues actualmente existen problemas de infraestructura.
Sumado a eso, la inclusión del programa Jóvenes a la U generó que los salones se llenaran de tal manera que se tuvo que arrendar un espacio en el colegio Camilo Torres —ubicado sobre la carrera Séptima—, pero el problema continuó al punto de arrendar salones en otras dos universidades.
Sumado a eso, vale mencionar que la Procuraduría General de la Nación anunció el 12 de enero la apertura de una investigación contra la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la cual fungía como operadora en los procesos de selección para los aspirantes a cargos en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Según la información revelada por el Ministerio Público, desde la delegada segunda para la vigilancia preventiva de la función pública, se habrían encontrado inconvenientes en la operación de la Universidad Distrital para desarrollar los exámenes, que debían ser realizados en diciembre de 2022, afectado un total de 18.064 candidatos a los cargos habilitados.
“Las pruebas no se pudieron cumplir, al parecer, porque no llegó el material a 9 de las 12 ciudades dispuestas en el marco del proceso de selección Nro. 1357 de 2019 – INPEC Administrativos”, aseguraron desde la Procuraduría.
Ante este escenario, la CNSC instauró un proceso por incumplimiento contractual. La actuación administrativa llevó a la aplicación de una sanción administrativa contra la entidad de educación que asciende al monto de $56.179.200 millones de pesos. Esta decisión fue reafirmada por la resolución 20579 emitida el 13 de diciembre del 2022.
Por otra parte, otra manifestación realizada el martes 7 de febrero tuvo como epicentro el Capitolio Nacional. Hasta allí llegaron cerca de 80 docentes indígenas de Cauca que le exigieron al Gobierno nacional garantías para que los recursos de la salud sean administrados por ellos y no por intermediarios, es decir las EPS.
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