
La concejala del Centro Democrático, Diana Diago, envió el 4 de febrero una carta al Contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, y al Contralor de Bogotá, Julián Ruiz, una carta en la que les solicita que hagan el control fiscal necesario al contrato de concesión de la Primera Línea del Metro y se protejan los recursos públicos de los bogotanos.
Esta fue una acción que decidió emprender la cabildante tras los últimos pronunciamientos del Gobierno nacional frente a la construcción de la Primera Línea del Metro, para que estos dos entes de control prevengan los daños fiscales y actúen de inmediato ante la propuesta de modificar el contrato de concesión que le da vida al primer trazado, en su totalidad elevado, y mediante la cual se busca subterranizar una parte de este.
“Solicite formalmente a los contralores de la República y del Distrito, respectivamente, que pongan la lupa sobre el contrato de concesión de la primera línea del metro de Bogotá, para que prevengan los daños fiscales y actúen de inmediato. En Bogotá queremos metro ya”, indicó el sábado 4 de febrero la cabildante, y una de las firmantes de la misiva que le fue enviada el 3 de febrero al presidente, en la cual más de 30 concejales le pidieron al ejecutivo que reevalúe su posición frente a este tema.

Sobrecostos
Adicionalmente, la cabildante recordó que, de acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, si se llega a aprobar la construcción subterránea desde la primera de mayo hasta la calle 72, el sobre costo de la modificación sumaría más de 15 billones de pesos, a precios de 2017.
Ante esta incertidumbre frente al futuro de la obra de infraestructura urbana más grande en la historia del país, y una deuda histórica de la nación con el Distrito Capital, la concejala solicitó a los contralores que encuentren la forma de evitar la generación de mayores sobre costos o la ocurrencia de un daño patrimonial.
Por último, la concejala del Centro Democrático enumeró cinco razones por las cuales no se debe, bajo ningún motivo, razón o circunstancia, modificar la obra que, de acuerdo con el último balance hecho por la Administración Distrital de Claudia López, ya presenta una ejecución global del 18%.
- Sobrecostos de más de 15 billones de pesos para su construcción, lo que significará un desangre financiero para Bogotá.
- Otra generación sin metro, porque ya no podrá utilizarse en el 2028, sino en el 2034, y eso asumiendo que no haya ningun tipo de retraso.
- Un desastre en la movilidad de Bogotá por la desconexión con los demás proyectos de transporte.
- Un impacto paisajístico, de seguridad y espacio público negativo en todos los predios que ya se habían comprado y que están en riesgo de quedar abandonados.
- Líos y demandas jurídicas para el distrito.
Lo que recomendó el consorcio vs. lo que quiere el presidente
Vale recordar que el Consorcio ML1 entregó un informe con cinco opciones que analizó, de las cuales recomendó solamente una, por viabilidad técnica, económica y financiera: la de extender la primera línea del Metro, desde la calle 72 hasta la Calle 100, subterránea en tres estaciones adicionales, 3,9 kilómetros adicionales.
Esta fue la opción recomendada por el consorcio, ente que aludió a menos riesgos jurídicos e institucionales, en tanto que no modifica el objeto del contrato y no superaría una eventual adición del 50 % del valor original de la concesión. Adicionalmente, esta opción añadiría valor agregado porque integraría una mayor demanda de pasajeros servidos, en cerca de 30 mil pasajeros.
No obstante, la opción que prefiere el presidente, quien escuchó las cinco propuestas, es la de subterranizar desde la Carrera 50 con primera de Mayo (estación 8), hasta la Calle 72.
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