Condenan a Camilo Tarquino, expresidente de la Corte Suprema, por el Cartel de la Toga

La Corte Suprema de Justicia declaró culpable al exmagistrado Camilo Tarquino Gallego por su participación en el Cartel de la Toga. El expresidente de la alta corte fue condenado por utilizar su posición de poder para incidir en las investigaciones contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.

Tanto para la Corte Suprema de Justicia, de la cual Tarquino Gallego fue presidente en 2011, como para la Fiscalía General de la Nación, “este favoreció a investigados que sobornaron, o accedieron a la corrupción, para frenar o cerrar sus procesos penales en contra”. De acuerdo con las investigaciones, el exmagistrado le habría pedido 20.000 millones de pesos a Alejandro Lyons para desviar una investigación.

Los hechos por los que es condenado Tarquino ocurrieron entre septiembre y octubre de 2014, cuando se habría reunido con otras personas para planear la forma de interferir en algunos casos que se seguían en diferentes instancias de la Rama Judicial.

Dentro del material probatorio que presentó la Fiscalía General de la Nación está la declaración del exsenador Muriel Benito Revollo, que le habría recomendado en 2014 a un familiar de Lyons contactar a Camilo Tarquino, que después de su salida de la Corte Suprema, había montado su oficina de abogados para asesorías legales.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia demostró que el exmagistrado Tarquino Gallego se reunió en cuatro oportunidades con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons para discutir asuntos relacionados con las indagaciones que se seguían por irregularidades de contratación en el departamento y la participación en el denominado Cartel de la Hemofilia.

En 2020 se dieron a conocer detalles de la relación entre Tarquino y Lyons. Según señaló la Fiscalía General, en una primera reunión, el entonces abogado le pidió 60 millones de pesos al exgobernador como adelanto para “mejorar su imagen ante la opinión pública, puesto que la apertura de esas investigaciones lo había afectado bastante”.

Los encuentros se cumplieron entre septiembre y octubre de 2014, en un apartamento del norte de Bogotá. Por ejemplo, en la cuarta y última reunión, Tarquino Gallego le indicó a Alejandro Lyons que la situación judicial que enfrentaba era crítica y le pidió 20.000 millones de pesos para garantizar la mediación del entonces magistrado José Leonidas Bustos Ramírez, quien podría impedir actuaciones en su contra porque, presuntamente, tenía contactos directos con las instancias que indagaban a Lyons Muskus.

Por esta intervención ilegal, Camilo Humberto Tarquino Gallego fue declarado responsable de los delitos de concusión como interviniente y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública en calidad de autor.

Sin embargo, el exgobernador no aceptó esta situación, señalando que él lo había buscado para que limpiara su imagen pública y no para cometer acciones ilegales. Por último, la Fiscalía General aseguró que Camilo Tarquino Vallejo “abusó de su investidura para cometer estas acciones, sabía que iban en contravía de la ley y continúo haciéndolo”.

El Cartel de la Toga se orquestó en 2011 y se conoció a finales de junio de 2017. En esta operación los funcionarios involucrados desviaban investigaciones y dilataban procesos, conseguían y utilizaban información privilegiada, retardaban los trámites, alteraban evidencias y restaban credibilidad a los testigos a través de medios de comunicación. Todo para favorecer a quienes pagaban por estos “servicios”, para obtener decisiones judiciales favorables, que aparentaban ser legales.

Ante la Comisión de la Verdad un exjuez testigo de la operación del Cartel de la Toga indicó que “ponerle precio a la justicia generó un sistema perverso, donde también se terminó judicializando a quien no accedía a los pagos exigidos”.