Así operaba grupo delincuencial que cobraba para permitir el acceso a los servicios públicos en barrios populares de Medellín

En medio de las denuncias de algunas víctimas de extorsión, la Fiscalía General de la Nación capturó y envío a la cárcel a siete personas que harían parte de un grupo delincuencial en el nororiente de Medellín, quienes extorsionaban a los vecinos del sector para acceder al agua potable y otros servicios.

Los hechos ocurrieron en los barrios Popular de Medellín y el Pinar de Bello, donde los criminales cortaban el agua a todas las familias y la cuota para acceder al servicio público estaba fijada entre $5.000 y $7.000. Adicional, estas personas cobraban entre 1 y 4 millones de pesos a comerciantes para que pudieran abrir sus negocios o distribuir sus productos.

Algunas las denuncias que llegaron a la Fiscalía fueron de los víctimas, quienes contaban que por no pagar las extorsiones, recibieron amenazas de muerte y los obligaban a abandonar sus viviendas.

El ente investigador adelantó 26 diligencias de allanamiento en las que cayeron los señalados cabecillas conocidos como alias Yurdey y Richard, presuntos miembros de la red delincuencial El Pinar.

Un fiscal especializado del Gaula imputó a los detenidos cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, extorsión agravada, secuestro extorsivo agravado, fuga de presos y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.

Con el material probatorio, un fiscal presentó ante un juez de control de garantías que estos delincuentes operaban en 10 barrios de las comunas Popular, Manrique y Aranjuez, en el nororiente de Medellín.

Los capturados fueron identificados como Yurdey Yesid Molina Zabala, alias Yurdey; y Ricardo Antonio Vargas Palacio, alias Richard; Mario Enrique Márquez Gómez, alias Mario; Francisco Antonio Borja Suaza, alias Toño; Jonathan Hernán Muñoz Osorio, alias Jonathan; Roque Luis Molina Zabala, alias Roque, y Jorge Luis Múnera Rave, alias El Tigre. Los siete detenidos fueron enviados a prisión por un juez de control de garantías.

Dentro del proceso, Andrea Vásquez Agudelo y Jenny Catalina Rivera Agudelo fueron imputadas por el delito de desplazamiento forzado. Según la investigación, las mujeres habrían llamado al grupo para que amenazaran y sacaran a una familia del sector. Por esta razón recibieron medida de aseguramiento de detención en el lugar de residencia.

Mandan a la cárcel a mujer que se habría robado $440 millones de 340 cuentas bancarias

En Funza (Cundinamarca) fue capturada una mujer señalada de presuntamente haber realizado 340 transacciones financieras fraudulentas, en las que habría robado cerca de 440 millones de pesos. Los robos los habría estado haciendo desde 2020.

La mujer, identificada como Nathalia Andrea Benítez Aponte, según la investigación de un fiscal de la Seccional Cundinamarca, habría ingresado de manera fraudulenta a cientos de cuentas bancarias, nacionales e internacionales, para sustraer grandes cantidades de dinero, muchas de estas superiores a los 10 millones de pesos.

Las autoridades lograron determinar que Benítez Aponte vendría cometiendo estos delitos desde 2020. La investigación apunta que la mujer habría tenido apoyo de varias personas, incluso habría indicios de que algunas de estas pertenecerían a entidades financieras.

Estos fraudes electrónicos se habrían realizado, según indican las investigaciones, desde Medellín (Antioquia). La mujer, durante su periplo criminal, se habría apropiado de cerca de 440 millones de pesos.

Las autoridades también pudieron determinar que Benítez Aponte, una vez se percató de la orden de captura en su contra, habría intentado ocultarse en el municipio de Cundinamarca. Sin embargo, sus esfuerzos no sirvieron de mucho, pues uniformados del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) y de la Policía Nacional ya le seguían los pasos.

La Fiscalía imputó a Nathalia Andrea Benítez Aponte los delitos de concierto para delinquir y hurto por medios electrónicos. Un juez de control de garantías, ante la contundencia del material probatorio, le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.