
Con fecha del viernes 27 de enero, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia —Clan del Golfo— emitieron un panfleto en el cual declararon “objetivo militar” a ocho organizaciones defensoras de derechos humanos de Santander, entre ellas el Comité para la defensa del agua, la vida y el territorio de Puerto Wilches y la Asociación campesina del valle del río Cimitarra.
Los autores de ese pasquín fueron integrantes de la estructura Luis Alfonso Echavarría, que argumentó estas amenazas, diciendo que hay una supuesta “intromisión en asuntos propios de nuestra organización”. De acuerdo con ese pronunciamiento, este grupo ilegal no estaría cumpliendo el cese al fuego bilateral pactado con el Gobierno nacional y estipulado en el decreto 2658 del 31 de diciembre de 2022.
En ese orden, uno de los más críticos con estas amenazas fue el senador Iván Cepeda, quien a través de su cuenta de Twitter señaló que esa no ha sido la única circular emitida por esa estructura en medio del acuerdo logrado con la administración del presidente Gustavo Petro y cuestionó de paso si en realidad están acatando esa medida.
“Existen numerosas denuncias de hechos criminales que está perpetrando el Clan del Golfo. ¿De qué alto al fuego hablan?” trinó el también presidente de la comisión de paz del Senado.

Su planteamiento de acercamientos para cumplir la Paz Total
En medio de un foro organizado por varios medios de comunicación, el legislador del Pacto Histórico defendió uno de los proyectos bandera del presidente Petro y, actualmente, es uno de los integrantes del equipo negociador del Gobierno en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional —ELN—.
Asimismo, explicó cuáles son las dimensiones de esta iniciativa que ya es política de Estado: en un primer momento, se deben plantear acercamientos y diálogos con diferentes grupos armados ilegales. Al respecto, resaltó que este punto ya se está poniendo en marcha —proceso con el ELN— a través de varias iniciativas tanto de la administración actual como de los mismos actores ilegales.
El segundo tiene que ver con la convocatoria a un gran acuerdo nacional. Al respecto, dijo que “por primera vez en mucho tiempo, tal vez, en las últimas dos décadas puedo decir que el país está listo para ese acuerdo”. Por otra parte, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, reiteró también en ese evento que la Paz Total está establecida en la prórroga a la Ley de orden público y esta es una extensión de lo logrado con la firma del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc.
Por ello, manifestó que es necesario poner en la discusión a todos los grupos vulnerados por la violencia. También sostuvo que “la justicia transicional es muy importante para dar paso a que la mirada punitiva no sea la única salida para la sanción de las responsabilidades de crímenes de guerra”.
Sumado a eso, enfatizó en que todo grupo que quiera discutir con el Gobierno una salida al conflicto, tendrá que abandonar cualquier actividad ilegal que ejerzan como primera muestra de paz para avanzar en el diálogo. En ese sentido, enfatizó en que, con el acompañamiento de la Iglesia les han hecho saber a esos grupos que “no tenemos doble agenda”.
De paso, advirtió que el gobierno del presidente Petro ha sido transparente con sus intenciones de buscar la salida negociada de diferentes grupos armados, así como el diseño de planes de sometimiento a la justicia para estructuras delincuenciales dedicadas al narcotráfico.
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