La Procuraduría General de la Nación reveló que abrió una indagación a los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, luego de la polémica suscitada por la publicación del informe: “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa”. Si bien no se revelan las personas que estarán investigadas, probablemente esté la jefe de esta cartera, Irene Vélez Torres, quien ha salido a defender y soportar las cifras presentadas; además, es la señalada de presentar los números a pesar que sus propios asesores le advirtieron sobre las imprecisiones y errores de interpretación que tiene el documento.
Según la comunicación del Ministerio Público, la medida lo que buscará es individualizar a los funcionarios, asesores o responsables del proceso, que posteriormente serían objeto de medidas disciplinarias. La investigación también determinará cuales fueron los insumos, fuentes y materiales que se implementaron para la elaboración del archivo.
Procuradora, Margarita Cabello, asegura que la indagación es necesaria a pesar que se incomoden las entidades públicas
La investigación fue anunciada por la procuradora general, Margarita Cabello, quien reveló que ya ha conversado con algunos agentes del sector de hidrocarburos que le manifestaron su inconformidad por los datos publicados y difundidos por el Ministerio de Minas y Energía, incluso hasta por el presidente Gustavo Petro.
Según detalló la procuradora, la diligencia se adelantará luego de las publicaciones de distintos medios de comunicación sobre las irregularidades e imprecisiones en el informe en cuestión, pero entre líneas, dijo que la indagación es necesaria, a pesar que las entidades públicas se puedan incomodar:
Por parte del Gobierno nacional, por el momento, no se ha pronunciado oficialmente ningún funcionario sobre esta diligencia, además que nadie ha salido a respaldar puntualmente las cifras presentadas en el informe. Lo más acercado ha sido lo publicado por Gustavo Petro, donde aclaró que lo que no se suspenderán son los contratos de explotación.
En ese mismo sentido, el ministro de hacienda y crédito público, José Antonio Ocampo, aseguró que todavía no se ha determinado la suspensión de estos contratos, ni mucho menos dejar de seguir firmando estos acuerdos. Este tema se discutiría con el Gobierno la próxima semana:
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