La Defensoría del Pueblo entregó un informe sobre los primeros 20 días del cese al fuego bilateral con cuatro grupos armados al margen de la ley en Colombia. El líder del organismo de control, Carlos Camargo, le solicitó al Gobierno nacional establecer unas reglas y compromisos claros debido a que se siguen presentando acciones violentas que afectan a la población civil
“El cese al fuego bilateral debe estar condicionado al cumplimiento de unas reglas, unos compromisos y unos términos que acuerdan el Gobierno nacional y las diferentes estructuras armadas”, manifestó el defensor del Pueblo el 25 de enero. Camargo destacó la importancia de esos lineamientos para definir qué acciones podrían ser calificadas como una violación al acuerdo.
El informe precisó que, del 1 al 20 de enero, han monitoreado seis hechos violentos en el Cauca, donde hay presencia de los cuatro grupos acogidos al cese al fuego bilateral junto con otras organizaciones ilegales que no se acogieron a esa iniciativa de la Paz Total. “Colombia necesita claridad frente a situaciones que vienen siendo recurrentes por parte de los grupos armados ilegales”, puntualizó el funcionario en una rueda de prensa.
La Defensoría resaltó el hostigamiento contra una estación de Policía en Suárez, Cauca, el 3 de enero y, un día después, se reportó un artefacto explosivo que encontraron las autoridades en una ruta que iba a tomar la vicepresidenta Francia Márquez en el municipio de Corintio. Asimismo, las retenciones o secuestros a miembros de las Fuerzas Armadas también generaron preocupación, aunque días después se registró la liberación de más de 31 militares.
Los decretos del cese al fuego bilateral
El 31 de diciembre de 2022 el Gobierno nacional firmó una serie de decretos que establecían un cese al fuego bilateral con cuatro grupos armados desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. El objetivo de la iniciativa vinculada a la Paz Total era “suspender la afectación humanitaria de la población en general” y “suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública” y estas organizaciones.
El Decreto 2656, estableció un cese al fuego en contra de los miembros del Estado Mayor Central de las Farc, una disidencia de la extinta guerrilla al mando de alias Iván Mordisco.
Por su parte, los decretos 2658, 2659 y 2660 plantearon un proceso de sometimiento a la justicia con Los Pachenca, también conocidos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez.
En las normativas no se mencionaron las acciones de los grupos armados que podrían vulnerar el cese al fuego. No obstante, de acuerdo con la administración de Gustavo Petro, se estableció un Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación conformado por delegados de los grupos armados, el Gobierno nacional, organizaciones sociales, la Iglesia católica e incluso se podría sumar la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Si bien ese la Defensoría no fue incluida en esa veeduría, ha identificado distintas acciones en los territorios y decidió emitir boletines quincenales que monitoreen “hechos, conductas y las dinámicas en el marco del seguimiento al cese al fuego”. Asimismo, seguirán ateniendo los riesgos que se presenten gracias al Sistema de Alertas Tempranas (SAT) en las distintas regiones que sufren la violencia causada por el conflicto armado en Colombia.
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