Estas son las irregularidades que la Contraloría General encontró en la investigación contra Medimás

Ocho de sus directivos y de Century Farma SAS, empresa en liquidación, fueron imputados por el detrimento al patrimonio generado por el manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud

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La contraloría imputa nuevos cargos contra Medimás: Colprensa
La contraloría imputa nuevos cargos contra Medimás: Colprensa

El contralor Carlos Rodríguez dio a conocer que a la EPS Medimás se le imputó fallo de responsabilidad fiscal por $65.616 millones junto a ocho de los directivos de la entidad y a Century Farma. De acuerdo con el funcionario, se han seguido encontrando irregularidades que muestran cómo se han generado los procesos de corrupción al interior de la entidad, que hoy día se encuentra en liquidación.

En la investigación llevada a cabo la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción se determinó que registraban pagos de servicio médicos a personas fallecidas por valores de más de 46 millones de pesos, además, las multas pagadas con dineros del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS- fueron de un monto aproximado a los $2.981′189.179.

Sumado a lo anterior, se registró el pago de anticipos a empresas contratistas en procesos de liquidación legalizados por un valor de $62.588′775.380; y de anticipos a empresas contratistas con débiles estructuras financieras que superaban los $62.588.775.380 millones de pesos.

Con respecto a estos hallazgos, hay que recordad que desde septiembre de 2022 la Contraloría abrió un proceso en contra del prestador de servicios por la perdida de $842.449 millones entre el 1 de agosto de 2017 hasta el pasado 16 de marzo de 2022, ya que evidenció irregularidades en la legalización de los anticipos causados desde hace cinco años, lo que trajo dudas sobre la administración, gestión y custodia de los recursos del sistema de salud.

Sumado, se detectaron “debilidades en los mecanismos de control interno y de gestión contable en los procedimientos establecidos para el registro y control de los hechos económicos de Medimás EPS, e incumplimiento de las normas y orientaciones contables y financieras generales y del sector salud, circunstancias que conllevaron a una sobreestimación en los activos y una subestimación en los pasivos de la EPS, afectando así la confiabilidad y razonabilidad de la información contable generada en los Estados Financieros de Medimás EPS”.

En este sentido, en la última decisión, el ente regulador imputó la responsabilidad fiscal por valor de $65.616 millones a Medimás y a varios de sus ejecutivos: Néstor Orlando Arenas Fonseca, presidente de Medimás EPS SAS entre el 2 de octubre de 2017 y el 29 de abril de 2019; Santiago Rodríguez Gómez, exvicepresidente administrativo y financiero; María Camila Aguirre Coronado, exvicepresidente jurídica desde el 1.° de septiembre de 2017 y el 30 de abril de 2019; y Elizabeth Hernández Castellanos, que fue gerente de tesorería desde el día 6 de abril de 2017.

Además del proceso de la Contraloría, el 15 de enero la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que fueron imputados ante un juez con función de control de garantías el expresidente de Medimás EPS – SAS, Néstor Orlando Arenas Fonseca; la contratista Mercedes Barrera Botía, y el propietario de una Institución Prestadora de Servicios de Salud -IPS-, José Leonidas Olaya Forero, por presuntamente haber desviado ilegalmente 7.105 millones de pesos que debían destinarse a la atención de pacientes con enfermedades de alto costo.

Las pruebas presentadas dan cuenta de que el entonces presidente de la EPS habría direccionado dos contratos para garantizar el suministro de medicamentos e insumos para estos pacientes. Esos contratos fueron entregados presuntamente a la empresa de Barrera Botía, que había sido constituida 15 días antes, y que no contaba con la capacidad financiera, ni con la experiencia técnica, y tampoco tenía las pólizas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo acordado; además, su dirección de funcionamiento registrada era la misma de la sede de Medimás en Bogotá, según indicó la Fiscalía.

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