Las organizaciones de pacientes, representantes de la Academia y gremios de hospitales, operadores logísticos, gestores farmacéuticos, aseguradores e industria farmacéutica y de dispositivos médicos manifestaron su inquietud frente al trámite de la reforma a la salud que anunció el Gobierno nacional y que se discutirá en el Congreso de la República, posiblemente en sesiones extraordinarias.
Los gremios precisaron que en diferentes escenarios escucharon la posición del Gobierno frente al sistema de salud y los principales cambios que aspiran implementar, frente a los que tienen coincidencia en algunos aspectos, pero también inquietudes y preocupación frente a otros.
Por eso, hicieron un llamado al Gobierno nacional para permitir y promover una conversación que asegure que cualquier reforma al sistema sea viable y sostenible en el tiempo y se traduzca en mejoras reales para los pacientes y la salud de los colombianos.
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Dicho documento lo firmaron la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales (Acehr), Pacientes Colombia, la Fundación Retorno Vital, el Grupo Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia (GES), la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, (Afidro), la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) y la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud (Gestarsalud).
Algunas pistas sobre la reforma
En febrero de 2023, ante el Congreso de la República, el Gobierno nacional presentará la reforma a la salud, confirmó la ministra Carolina Corcho. Antes de que el documento sea publicado para el debate y concertación, en el Senado y en la Cámara de Representantes Corcho entregó ciertas pistas de esta reforma, una de las más importantes para el presidente Gustavo Petro.
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En la intervención en Villavicencio el 14 de enero, la ministra aseguró que el Gobierno nacional invertirá $1,3 billones para construir y fortalecer los centros de atención primera en salud (APS).
Pero ese no fue el único comentario que hizo Corcho sobre las EPS, a las que acusó de entidades privadas que “no aportan recursos ni pagan los tratamientos de alto costo, puesto que estos los financia el Estado con el dinero de los contribuyentes”.
También fue clara al afirmar que son inviables porque “manejan recursos de los colombianos, pero sin control ni vigilancia, ya no pueden seguir siendo juez y parte en todo este sistema”.
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La ministra también recalcó que desde 2014 la Procuraduría General de la Nación advirtió que las EPS son inviables.
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